La salinización amenaza las tierras agrícolas de la Región de Murcia

El 74% del territorio nacional corre el riesgo de degradarse por procesos relacionados con la desertificación, como la erosión y la salinización, una dinámica que potencian incendios y sequías y que perjudica a la fauna y flora silvestre y a los cultivos. El uso «insostenible» del agua y el abandono forestal son otras lacras detectadas que ponen en riesgo alto o muy alto a más de nueve millones de hectáreas en España.

Preocupa especialmente la salinización, un proceso que consiste en la acumulación de sales solubles en el perfil del suelo, principalmente en la zona radicular de los cultivos. Las sales pueden tener varios orígenes, pero suelen proceder de «las aguas de riego de baja calidad o de la incorrecta utilización de fertilizantes y plaguicidas en grandes cantidades», se indica en el documento técnico del Ministerio. El resultado final es el empobrecimiento de los suelos, que repercute en una reducción en el rendimiento de los cultivos e incluso en la calidad del producto.

Se calcula que un 10% del territorio europeo está afectado por problemas de salinización. En España está gravemente afectado el 3% de los 3,5 millones de hectáreas de regadío, y un 15% se encuentra bajo riesgo. Ya se observa una reducción «del potencial agrícola de estas zonas», por lo que la salinización de los suelos se ha convertido en «uno de los problemas más preocupantes para la agricultura», alerta el Gobierno central.

Además del Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín, los territorios españoles más afectadas son el curso bajo del Segura, el Valle y Delta del Ebro, el curso medio y bajo del Guadalquivir, las zonas costeras de la Comunidad Valenciana y Cataluña y el curso bajo de los ríos Tinto y Odiel.

En cuanto a la aridez, en los últimos treinta años se ha detectado un incremento en buena parte del centro-este de la Península –Madrid, Castilla-La Mancha y centro de la Comunidad Valenciana–, en Extremadura y zonas montañosas de Andalucía; y de forma más dispersa o menor intensidad en Orense, Navarra, centro y oeste de Aragón, Pirineo Oriental, Región de Murcia y Alicante y sur de Almería.

Otro factor que agrava la degradación del sustrato es la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos;el mayor número de masas de aguas en mal estado, con alta concentración de nitratos agrarios, se encuentra en la mitad sur peninsular, la costa mediterránea, la cuenca del Tajo y parte del Valle del Ebro,

La desertificación puede llevar finalmente al abandono de tierras agrícolas, un fracaso ambiental, social y económico que en España se habrá traducido en la pérdida de 1,1 millones de hectáreas entre 2015 y 2030 –el 5% del total cultivado, 23 millones de hectáreas–, según un análisis de la Comisión Europea.

El mayor riesgo de abandono se localiza en el Sureste semiárido –Murcia, Almería, Granada, Málaga, sur de Alicante y Albacete– y el Noroeste de España, «donde concurren factores biofísicos como la alta concentración de salinidad, la baja precipitación anual y los suelos frágiles y pobres propensos a la degradación y la sequía, con factores socioeconómicos como la baja densidad de población en la zona rural de montaña, la urbanización acelerada y procesos antrópicos en los valles», se insiste en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Para revertir esta situación, el Ministerio propone un marco de actuaciones y medidas para «fomentar la planificación y gestión integrada del territorio y reforzar el papel de la gestión y uso sostenible de los recursos de la tierra».

Está previsto un Plan de Restauración de Terrenos Afectados por la Desertificación y un refuerzo de los mecanismos de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para planificar, diseñar y ejecutar actuaciones.

El Ministerio apuesta por la creación de un Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación y un Consejo consultivo, adscritos a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Del mismo modo, se pondrá en marcha una unidad técnica con «suficientes recursos humanos y económicos» y se impulsará una ley nacional de conservación y uso sostenible de los suelos.