Los propietarios de árboles monumentales recibirán ayudas para su conservación

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha enviado a la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana una propuesta del reglamento que desarrollará la ley de 2016, «para su consulta pública previa y que entidades y particulares puedan hacer sus aportaciones y sugerencias», informa a LA VERDAD la Comunidad Autónoma.

«La ausencia del desarrollo reglamentario expresamente previsto en la Ley 14/2016 dificulta sustancialmente el ejercicio cotidiano de las funciones técnicas y administrativas (...), haciendo muy complicada su ejecución práctica», se admite en el proyecto de decreto.

Medio Ambiente inicia este trámite para mejorar la conservación del patrimonio arbóreo y sobre todo para aumentar el número de ejemplares protegidos, aunque advierte no obstante de que los 470 árboles y diecinueve arboledas identificados en el catálogo regional están amparados legalmente, y que están sometidos a revisiones y labores de mantenimiento periódicas.

El concepto clave que aportará el nuevo reglamento es el coeficiente de monumentalidad, cuya «indeterminación jurídica» ha impedido proteger más árboles o arboledas.

De este modo, en el documento técnico que se somete a exposición pública se propone un cálculo objetivo del coeficiente de monumentalidad mediante una fórmula en la que se suman los valores de siete parámetros: perímetro, edad, altura, valor histórico-cultural, valor científico, valor ambiental y valor recreativo. La futura normativa incluye una valoración ponderada (medida en una escala del 0 al 4) para cada uno de estos parámetros, junto con los criterios que serán evaluados: sin valor (0), valor escaso (1), valor medio (2), valor notable (3) y valor excepcional (4).

El desarrollo de la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental tiene también el objetivo de cubrir el vacío legal acerca de las competencias administrativas, ya que, si bien corresponde a la Comunidad Autónoma la protección «genérica y expresa» en terrenos forestales, esta potestad es solo «genérica» en otras zonas. Los ayuntamientos son competentes en áreas urbanas y urbanizables, pero queda en una especie de limbo legal «una extensa superficie de terrenos no urbanizables de carácter agrícola o no forestal», así como «terrenos urbanizables que no han perdido por ello el carácter forestal».

Otro aspecto sustancial del reglamento es el plan de ayudas en concepto de compensación a propietarios particulares y ayuntamientos «por los gastos y cargas» derivados de la conservación de árboles monumentales.

Entre las labores subvencionables, Medio Ambiente prevé las podas, cura o relleno de heridas; instalación de tensores o soportes para asegurar ramas; tratamientos fitosanitarios; aireado de suelos;eliminación de obstáculos, como muros, cimentaciones y asfaltados; instalación de cierres perimetrales y vallados; instalación de muros de mampostería o diques de madera para evitar el descalce; limpiezas de sotobosque; construcción, reparación o instalación de depósitos de agua; y adecuación divulgativa mediante paneles explicativos o creación de senderos educativos.