El pozo inagotable del Talayón: así se saquea el agua en la Sierra de Almenara

El mismo pozo que fue precintado en el año 2021 en una operación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), denominada 'Aquifer', que acabó con tres empresarios agrícolas detenidos, diecisiete investigados y cinco sociedades vinculadas. Un «grupo delictivo desarticulado», informó entonces la Benemérita, acusado de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, defraudación, usurpación y receptación de aguas subterráneas. Más de dos años después, el motor sigue a pleno rendimiento, según ha podido comprobar LA VERDAD. ¿Cómo es posible?

La clausura de esta infraestructura destinada a la «sustracción y comercialización de agua subterránea de la rambla del Talayón» –en palabras del Seprona– duró poco. Unos meses después de la intervención conjunta de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el motor y la bomba estaban activados de nuevo, según testimonios que ha podido recoger este diario. Atronando en un espacio protegido de la Red Natura 2000 –Zona de Especial Protección para las Aves de Almenara, Moreras y Cabo Cope–. Tras recibir el aviso de un particular, la patrulla del Seprona de Águilas realizó una nueva inspección en enero de este año y comprobó que los precintos habían sido retirados y el sondeo seguía activo.

Con el informe del Seprona encima de la mesa, la fiscal de la Sección Territorial de Lorca dirigió ese mismo mes un escrito al juzgado de instrucción número 6 de Lorca, que investiga este caso, en el que le pide como «medida cautelar urgentísima» que «se precinte de nuevo el pozo y además se inutilice el motor (...), así como la bomba de extracción de agua». Según la Fiscalía, para «garantizar la estabilidad del acuífero y que no sea sobreexplotado de manera que no pueda recuperarse». El juzgado aceptó esa solicitud en abril, pero las defensas de los imputados recurrieron la medida. La situación se complicó aún más en junio, cuando la titular del juzgado número 6 estimó un recurso de la Fiscalía para que este caso se instruyese de forma separada al de otro sondeo ilegal muy próximo en el que están implicados los mismos empresarios agrícolas. La consecuencia es que «se ha decretado la nulidad de todo lo actuado», informa el Tribunal Superior de Justicia a este periódico. Vuelta a empezar y, mientras tanto, el motor sigue arrancado y el pozo esquilma sin descanso el agua del acuífero.

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Segura, el pozo del Talayón tenía una autorización para extraer un volumen máximo de 7.000 m3 al año, agua destinada a un supuesto rebaño. Pero en la primera inspección de la CHS y el Seprona, en enero de 2021, no se halló resto de aprisco de ganado ni abrevadero algunos, y sí una tubería que derivaba los caudales extraídos, escondida bajo una losa de hormigón que tuvo que ser demolida, con un contador puenteado. Según este registro, el pozo rinde un millón de metros cúbicos cada año. Estas actuaciones se produjeron hace unos dos años y medio, pero la extracción ilegal de agua está en funcionamiento, día y noche, desde hace más de dos décadas. El destino de los recursos hídricos saqueados, 24 parcelas que ocupan 125 hectáreas entre Lorca y Mazarrón que no tienen derechos de riego, confirma la CHS.

Ante la evidencia de tantas irregularidades, la CHS puso en marcha dos actuaciones: un expediente para cancelar la autorización y otro sancionador por falta muy grave, ya que se estiman unos daños al dominio público hidráulico valorados en 526.000 euros, con una multa de entre 500.001 y un millón de euros. Sin embargo, la CHS ha dejado en suspenso estos expedientes administrativos «a resultas de lo que determine la resolución judicial». Es decir, hasta que este asunto sea juzgado y exista una sentencia firme.

La extracción ilegal del pozo del Talayón reduce la disponibilidad de agua en el subsuelo y por tanto evita que aflore en pequeñas surgencias, lo que empobrece un soberbio espacio protegido donde anidan águilas reales y perdiceras y se arrastra la tortuga mora. «La construcción de esta explotación y sus redes de distribución, junto con la acentuación de la sobreexplotación, supone una alteración de los hábitats de las diferentes especies que se asientan en el espacio», detalla la Guardia Civil.

La captación ilegal de aguas subterráneas en el entorno del Mar Menor es un delito medioambiental preocupante en la Región de Murcia, como destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2022, presentada el jueves pasado. Aunque la comarca del Guadalentín, una de las grandes zonas agrícolas de la Comunidad Autónoma, no se queda atrás en vista de las últimas operaciones. De hecho, el Seprona y la CHS destaparon a finales del pasado mes de agosto una trama con dieciocho personas investigadas que explotaba 51 pozos ilegales sobre un acuífero en situación de riesgo cuantitativo en la rambla de Ramonete –entre Lorca y Mazarrón– para regar cultivos en invernadero en 53 fincas agrícolas. Se estima una extracción de 2,5 millones de m3 y un daño ambiental valorado en dos millones de euros. Pero el agua no solo se roba para producir tomates y lechugas: la Guardia Civil selló en junio otros catorce sondeos ilegales, también en la Sierra de Almenara, con los que se ha estado regando durante años un campo de golf.