El Mar Menor en el laberinto europeo

El objetivo es imponer en Europa el 'relato' social a la versión oficial que transmiten las administraciones públicas, partidarias de lavar los trapos sucios en casa, sobre lo que se está haciendo para recuperar el Mar Menor. Es decir: que prevalezca la teoría del 'ecocidio' consentido por políticos y altos funcionarios locales a lo largo de más de tres décadas sobre un argumentario que ha ido variando en el último año, siempre echando balones fuera: el Mar Menor está mejor que nunca, la culpa es de la DANA, esto es sobre todo una crisis de paisaje o el Ministerio es el responsable de evitar la entrada de agua dulce cargada de nitratos.

El martes y miércoles de esta semana, representantes de Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), junto con Izquierda Unida-Verdes, afrontaron en Bruselas un maratón de reuniones, con LA VERDAD como testigo, antes de su comparecencia ante la Comisión de Peticiones, órgano del Parlamento Europeo donde exigieron que la CE se implique en el desastre ambiental de la laguna y reclame resultados a los gobiernos.

Los ecologistas consideran fundamental que una misión de europarlamentarios se desplacen al Mar Menor para que comprueben, «mojándose los pies», en qué consiste la crisis de la sopa verde. Como se hizo en septiembre de 2018 en Doñana para supervisar la sobreexplotación del acuífero y los riesgos de la construcción de un almacén de gas.

Estas visitas se concretan en informes de los que emanan recomendaciones a las administraciones nacional y regional y, si es necesario, sanciones económicas. Y en mucha presión política.

«Vamos a implicar a todo el arco parlamentario europeo para hacer de la catástrofe del Mar Menor un problema internacional», explica el abogado murciano Eduardo Salazar, experto en Derecho Ambiental. «En la Facultad de Derecho me enseñaron que la Comisión Europea es el guardián de todos los tratados. Vamos a ver si es así. Porque si no, ¿quién vigila a quien vigila?», se pregunta este jurista 'verde'.

El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el español Daniel Calleja, irrumpe en escena como un ciclón y arrastra a la delegación de ecologistas que le esperan en la antesala de su despacho. Allí se encierra con ellos, acompañado por su equipo técnico, y escucha sus argumentos. A la media hora se ausenta de la reunión para meterse en otra y es entonces cuando se entra en detalles: los máximos responsables en las directivas de Nitratos y Hábitats, con asistencia jurídica, escuchan las explicaciones de Pedro Luengo (Ecologistas en Acción), Isabel Rubio (Pacto por el Mar Menor) y José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes). Desconocían que en diciembre se hubiera aprobado una nueva ley, de Protección Integral, y quieren analizarla.

En concreto, para comprobar si es compatible con las directivas comunitarias de Nitratos y Hábitats. Tiene sentido: Bruselas mantiene abiertos dos procedimientos de infracción a España por vulnerar estas normativas europeas, procesos que antes o después se convertirán en multas millonarias.

El 'lobby' verde aporta la documentación y sale de la Dirección General de Medio Ambiente con buenas sensaciones. Otras citas no salen tan bien: a un encuentro al que invitaron a los 58 europarlamentarios españoles solo acuden dos -el murciano Marcos Ros (PSOE) y Soraya Rodríguez (Ciudadanos, exPSOE)- y un asistente de Idoia Villanueva (Podemos). «En cuanto pisen la orilla cuatro eurodiputados, la cosa cambiará», sentencia Marcos Ros cuando abandona la sala.

Tampoco es fructífera la reunión en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. El director adjunto, Ignacio Seoane, transmite diplomáticamente que se han equivocado de puerta, que el Mar Menor tienen un problema medioambiental y no estrictamente agrícola; y que, en definitiva, la nueva Política Agraria Común (PAC) será mucho más 'verde' y 'amable' con la naturaleza, precisamente para evitar colapsos como el del humedal murciano.

Entre medias, más reuniones, mucho contacto de pasillo y el aliento de formaciones políticas afines, como European Greens (Verdes Europeos), que cuelgan en las redes sociales fotografías y mensajes de apoyo. Todos los 'like' son bienvenidos.

La ofensiva ecologista tiene efecto: los eurodiputados Juan Ignacio Zoido (PP) y José Ramón Bauzá (Cs, exPP) defienden la gestión de la crisis del Mar Menor por parte de la Comunidad Autónoma durante la Comisión de Peticiones, y el Gobierno regional envía a Bruselas un informe con todas sus actuaciones desde 2016. Lo dicho: imponer el 'relato' es básico.

Como una especie de Vaticano laico, Bruselas es un elefante que se mueve lentamente, sujeto a ritos y protocolos. Es una maquinaria compleja que reacciona con retraso pero que siempre llega. El problema es que el Mar Menor no puede esperar.