Medio Ambiente admite el daño «irreversible» de los tendidos eléctricos a las aves amenazadas en la Región

Esta advertencia puede leerse en el decreto ley aprobado este mes en Consejo de Gobierno y publicado el pasado día 10 en el Boletín Oficial de la Región (Borm), en el que se faculta al consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, para «delimitar las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves catalogadas como amenazadas, con el fin de desarrollar la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión».

El cambio normativo se traducirá en una ampliación de las zonas protegidas para aves porque se ha demostrado que la delimitación marcada por una orden de 2011 se ha quedado pequeña. El aumento previsto es de más de 220.000 hectáreas, ya que se pasará de las 391.972 hectáreas actuales a 612.176, lo que equivale al 54,11% de la superficie regional, como adelantó hace un año LA VERDAD, cuando la nueva zonificación salió a exposición pública. En la actualidad, el porcentaje es del 34,64%.

El decreto con los límites actualizados, que incluirá zonas sensibles donde caen electrocutadas aves tan escasas como el águila perdicera, aún no está en vigor y aún no hay una fecha aproximada de aprobación, señaló ayer la Consejería a preguntas de este diario, pero la concesión al consejero de la facultad de modificar las áreas prioritarias servirá para acelerar su ampliación.

Estas 'prisas' administrativas tienen una explicación:la necesidad de acceder antes del final de 2023 a subvenciones del Instrumento Europeo de Recuperación ('Next Generation'), que incluye un capítulo específico para la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión. La Comunidad Autónoma aspira a una ayuda de casi dos millones de euros (1.938.972,24).

Medio Ambiente admite que «las cifras de electrocución y colisión que se registran anualmente son preocupantes», con un descenso y mantenimiento de los accidentes en zonas protegidas (52 en 2019, 32 en 2020 y 33 en 2021) y un aumento considerable fueras de ellas (73, 111 y 124), lo que obliga a ampliar las zonas prioritarias para corregir apoyos, torretas y líneas aéreas que provocan descargas eléctricas o colisiones de forma continua.

«Con la ampliación se recoge cerca del 90% de los casos de electrocución registrados desde el año 2003 de águila perdicera. Este porcentaje tan alto es debido a la inclusión de un territorio de dispersión de los juveniles de la especie de aproximadamente 60.000 hectáreas en las llanuras que se encuentran en las estribaciones de las sierras de Moreras, Almenara, Carrascoy, Columbares, Altaona y Escalona [en los municipios de Murcia, Mazarrón, Lorca, Águilas, Alhama y Fuente Álamo]», detalla la Consejería.

«Respecto al total de especies afectadas por la electrocución, la ampliación supone pasar de incluir el 40% de los casos registrados al 66% de las electrocuciones», añade Medio Ambiente.

La rapaz más vulnerable de las que habitan el territorio regional, el águila perdicera, con poco más de veinte parejas, habría perdido doce efectivos solo en los dos últimos años, según los datos facilitados por Mirando al Tendido, iniciativa ciudadana para el seguimiento de la mortalidad de aves por electrocución formada por ocho organizaciones conservacionistas –ANSE, Ecologistas en Acción, Caralluma, Ulula, Meles, Anida, Stipa y Naturactúa–.