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Iberdrola Inmobiliaria se juega un último cartucho en sus planes de construir en la Marina de Cope con un recurso de casación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que, en un dictamen emitido el pasado 25 de enero, anuló la adaptación de los planes urbanos de Águilas y Lorca al frustrado complejo turístico, que el Gobierno regional de Valcárcel definió en su día como «el mayor resort del Mediterráneo». Un ambicioso desarrollo urbanístico que fue desactivado en diciembre de 2012 por el Tribunal Constitucional por entender que la construcción de 9.000 viviendas, hoteles, centros deportivos, campos de golf y una marina interior sería ilegal por estar prevista en un espacio protegido: el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, donde previamente se habían desprotegido irregularmente al menos 21 millones de metros cuadrados.
Varias sentencias después, que anularon tanto la Actuación de Interés Regional como las demandas por responsabilidad patrimonial de los promotores del complejo, solo faltaba restituir a su consideración original en la planificación urbanística municipal los terrenos destinados al resort en la llanura litoral de más de diez kilómetros de longitud en la costa aguileña y lorquina. Ese hito judicial, que llegó hace dos meses tras un recurso de la plataforma Prolitoral redactado por el abogado Eduardo Salazar, acaba de ser recurrido por Iberdrola Inmobiliaria, la constructora de la compañía energética, que es la mayor propietaria de terrenos destinados al proyecto turístico y además ejerce como sucesora procesal de Urbanizadora Marina de Cope SL, sociedad en proceso de liquidación.
Iberdrola Inmobiliaria basa su recurso en que, en realidad, el parque regional no tiene validez legal porque, transcurrido un año de su declaración, en 1992, no se aprobó su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Para el demandante, por lo tanto, los terrenos de su propiedad no se encuentran en un espacio protegido, circunstancia que aseveran con diferentes disposiciones legales. Veintiocho años después, el PORN sigue sin estar tramitado y, aunque el Gobierno regional trabaja en el documento, aún no tiene fecha de aprobación.
La constructora también alega que siguen vigentes las Directrices y Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, un instrumento normativo que aportaría cobertura legal a la modificación del planeamiento de Águilas y Lorca para adaptarse al desarrollo urbanístico previsto en su costa. Y, por último, Iberdrola Inmobiliaria se queja de que la histórica sentencia del Tribunal Constitucional, que hace seis años ordenó la restitución de los límites originales del parque regional, haya supuesto la anulación «de forma automática» del resto de disposiciones legales favorables a Marina de Cope. Según el criterio de esta constructora, la más perjudicada por la anulación del macrocomplejo urbanístico, el TSJ debería realizar una revisión legal individualizada de cada situación en lugar de «aplicar con los ojos cerrados el 'efecto cascada', infringiendo de esta manera el principio de jerarquía normativa».
Más de diez años después del pinchazo del 'boom' del ladrillo, la Comunidad Autónoma puso en marcha recientemente sus primeras medidas de gestión en el parque regional, donde prevé un desarrollo turístico 'blando' basado en el turismo de naturaleza. El futuro plan de ordenación reservará amplias zonas del espacio protegido a la agricultura, sector con el que se trabajará para reducir su impacto en el medio natural. Por otra parte, la Consejería de Agua y Agricultura ha decidido retomar el proyecto de declarar como Reserva Marina de Interés Pesquero al entorno de Cabo Cope, que incluiría todo el frente costero de la Marina de Cope.
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