Iberdrola se juega su última baza legal para construir en la Marina de Cope

Iberdrola Inmobiliaria y la Asociación Colaboradora de Propietarios, integrada por diferentes grupos inversores que adquirieron terrenos después de que el Gobierno regional desprotegiese 21 millones de metros cuadrados en el año 2001 entre los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, confían ganar en los penaltis un partido que de momento pierden claramente.

Tras recibir las alegaciones argumentadas de la parte empresarial, el Tribunal Supremo ha pedido ahora a Prolitoral, la plataforma ciudadana que ha impulsado las iniciativas judiciales para desmontar el proyecto de Marina de Cope, que las conteste. En el caso de que los tribunales sigan dando la razón a los colectivos ecologistas, ya estaría definitivamente muerto el sueño urbanístico calificado en la pasada década por el expresidente Ramón Luis Valcárcel como «el mayor resort del Mediterráneo».

Los argumentos legales de Iberdrola y la Asociación Colaboradora de Propietarios son los mismos: el principal, que la Marina de Cope no es un espacio protegido porque el parque regional «no tiene validez jurídica» ya que, transcurrido un año de su declaración, en 1992, no se aprobó su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Y así es: casi treinta años después, el espacio protegido no cuenta con plan de gestión ni normativa, aunque el Gobierno regional espera aprobarla en un par de años, en el marco de la planificación ambiental de la Red Natura 2000.

Esta caducidad está reflejada en dos leyes: en el artículo 15.2 de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, y en el 36.2 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La constructora también alega que siguen vigentes las Directrices y Ordenación del Litoral, un instrumento normativo que aportaría cobertura legal a su proyecto urbanístico. Y, por último, Iberdrola Inmobiliaria se queja de que la sentencia del Tribunal Constitucional, que hace siete años ordenó la restitución de los límites originales del parque regional, haya supuesto la anulación «de forma automática» del resto de disposiciones legales favorables a Marina de Cope.

Según el criterio de esta compañía, la más perjudicada por la anulación del macrocomplejo urbanístico, el TSJ debería realizar una revisión legal individualizada de cada situación en lugar de aplicar con los ojos cerrados el «efecto cascada», infringiendo de esta manera el principio de jerarquía normativa.

Se trata de la última baza legal para construir en el espacio protegido, puesto que la modificación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de Águilas y Lorca es el único asunto relacionado con el frustrado proyecto de Marina de Cope que aún se dirime en los tribunales, tras una serie de sentencias que se inició con la ya histórica de diciembre de 2012 por parte del Tribunal Constitucional, que anuló la disposición adicional octava de la ley regional del Suelo.

Después, y siempre mediante acciones legales impulsadas por la plataforma Prolitoral, vendrían la anulación por parte del TSJ de la Actuación de Interés Regional (AIR), en 2013, y de la modificación de los planes urbanos de Águilas y Lorca (2016).