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Novedades relevantes en el caso 'Topillo': la organización ecologista Greenpeace se ha personado en el procedimiento judicial que investiga la degradación del Mar Menor para ejercer la acusación popular, según un escrito depositado en el juzgado número 2 de Murcia al que ha tenido acceso LA VERDAD. La ONG ambientalista trata así de dar trascendencia internacional a un caso que califica como «una crisis ecológica de magnitud excepcional que ha puesto en riesgo la supervivencia de toda su flora y fauna y puede desembocar en la muerte total o 'ecocidio' del ecosistema».
Greenpeace se suma así en un frente 'verde' a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción, únicas entidades hasta ahora en la acusación popular, para «buscar a los culpables» de la contaminación, a lo largo de las últimas décadas, de un espacio natural blindado en teoría por nueve figuras administrativas de protección, algunas de ellas internacionales.
En la instrucción judicial de esta causa, aún en fase de toma de declaraciones, están imputadas más de cien personas y empresas agrarias; entre los investigados, el exconsejero del Gobierno regional Antonio Cerdá y los expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita y Rosario Quesada. Unos, por el presunto vertido a cauces públicos y al subsuelo de salmueras y aguas cargadas de nitratos, como resultado de la actividad agrícola; y otros, supuestamente por permitirlo.
Los ecologistas de Greenpeace se personan en la investigación del Mar Menor «porque es ahora cuando se ha puesto de manifiesto la situación límite en la que se encuentra el ecosistema, en especial a raíz del extraordinario episodio de mortandad masiva de fauna del día 12 de octubre de 2019, que supuso por lo menos la muerte de hasta tres toneladas de peces y al que se han asociado otros hechos subsecuentes, como la aparición masiva de mucílagos u organismos fitoplanctónicos potencialmente tóxicos», explica esta organización.
Hay más motivos: Greenpeace quiere dar eco global a la catástrofe ambiental del Mar Menor, que ya está comenzando a ser visible en Europa por el procedimiento que se tramita en Bruselas a petición de varios grupos ecologistas y plataformas ciudadanas de la Región de Murcia. En el escrito de personación, que firma el abogado Eduardo Salazar, la organización ecologista indica que sus estatutos la impulsan a defender en los tribunales importantes causas medioambientales, y cita los casos del hotel El Algarrobico (en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, Almería) y Madrid Central. Para la historia quedan la fotografías de los activistas de Greenpeace ante las tuberías que vertían desechos mineros a la bahía de Portmán, hace casi treinta años.
Y no solo la relevancia internacional: la complejidad de la causa hace necesaria, según Greenpeace, la participación de expertos en Derecho administrativo que sepan afinar al máximo los análisis periciales, «algo que nosotros podemos aportar», aseguran fuentes de la ONG ecologista. Los expedientes y documentos científicos y mercantiles que tiene que analizar el juez Ángel Garrote ocupan más de 60 gigas.
«Como responsables del 'ecocidio' del Mar Menor», recuerda Greenpeace, «están investigados no solo un elevado número de agricultores y empresas agrícolas, sino también decenas de políticos y funcionarios que, presumiblemente, habrían incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental. De ser ciertos estos hechos, se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de los ciudadanos pues habría afectado gravemente a uno de los mayores patrimonios naturales de la Región de Murcia y de toda Europa», valora Lorena-Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace España.
«Los últimos eventos en este espacio natural único en Europa, que en 2016 se convirtió en una 'sopa verde', y el impacto acumulado de las actividades agrícolas que impiden la amortiguación de gotas frías como la ocurrida el pasado otoño, siguen evidenciando la ausencia de políticas decididas para salvar este entorno», insiste la organización ecologista.
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