Europa reprocha la «indefinición» del plan de gestión del Mar Menor

El plan de gestión del Mar Menor no está a la altura de las necesidades de este maltrecho espacio natural. Por su «indefinición» y la ausencia de objetivos de conservación y medidas concretas en el documento técnico –en vigor desde el pasado octubre, dos días antes de la mortandad masiva de peces–. Este es el reproche de la Comisión Europea en la carta de emplazamiento complementaria enviada el pasado 2 de julio al Gobierno de España –avanzada por LA VERDAD–, donde se recuerda no solo el retraso en la tramitación de la normativa para los enclaves incluidos en la Red Natura 2000, sino también la escasa calidad de los reglamentos aprobados hasta el momento.

En lo que respecta al Mar Menor, la carta enviada por las instituciones europeas advierte de que «las medidas de conservación se dedican principalmente a aumentar el conocimiento, la evaluación, el estudio (...), a pesar del análisis profundo de los problemas de conservación a los que se enfrentan los lugares, al igual que los tipos de hábitats prioritarios, deterioro y pérdida o invasión generalizada de especies exóticas debido a la contaminación del agua y la eutrofización». Los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE recriminan que, pese a la existencia de «varias medidas para la restauración de hábitats», «no está claramente definido qué o cómo debe llevarse a cabo».

La misma queja queda reflejada con respecto al plan de gestión del Noroeste, que «no satisface los objetivos de conservación» porque «no abarcan todas las especies ni los tipos de hábitats», ni los «objetivos específicos de conservación que deben alcanzar».

Este análisis revela que los funcionarios de Bruselas no se conforman con cualquier plan de gestión, sino que exigen que las normativas aprobadas contengan medidas específicas y evaluadas, y no generalidades para salir del paso. La CE insiste en que si esos compromisos no están técnicamente bien definidos, tendrán una utilidad muy limitada y no pasarán el examen. Porque el objetivo no es cubrir un simple expediente burocrático, sino que sean útiles para garantizar la conservación de los espacios naturales.

Bruselas extiende esta queja a otras comunidades españolas que están aprobando normativas deficientes porque no sirven para garantizar la protección de su biodiversidad. Aunque el motivo principal de esta comunicación es advertir sobre el retraso en la aprobación de los planes de gestión de la Red Natura 2000, cuyo plazo venció en el año 2012. La Comisión Europea, que abrió un expediente de infracción a España por este motivo en 2015, da ahora un plazo de dos meses para responder a este nuevo requerimiento, que puede acabar en una condena y en sanciones económicas.

De los 1.278 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) españoles, 345 no cuentan aún con un plan de gestión que ordene los usos y actividades económicas en esos espacios, garantice la conservación de los valores naturales y aporte seguridad jurídica a los propietarios de terrenos.

De los 49 LIC de la Región de Murcia, solo 19 cuentan con normativa. El Gobierno regional asegura que los 30 restantes estarán aprobados en 2022, con diez años de retraso sobre el plazo inicial.