La electrocución de aves se investiga por primera vez por la vía penal en la Región

Esto va en serio: la muerte de aves en tendidos eléctricos se investigará por la vía penal por primera vez en la Región de Murcia. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha remitido a los juzgados de Jumilla el caso de un tendido de alta tensión en el que han muerto al menos seis búhos reales, por entender que se podría haber producido un delito contra el medio ambiente y/o contra la fauna, según ha confirmado el Ministerio Público a LA VERDAD.

Fuentes del TSJ indican que «existía un requerimiento de la Comunidad Autónoma al titular del tendido eléctrico para su adecuación que no fue cumplido, por lo que se produjeron nuevos episodios de electrocución». La línea de alta tensión es propiedad de una comunidad de regantes, está situada al sur de la Sierra del Buey, en un paraje muy próximo a Jumilla, y transcurre de forma puntual por un monte público.

Este asunto comenzó a investigarse en febrero de este año, cuando la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la organización ecologista Stipa denunciaron ante la Fiscalía la electrocución de al menos seis búhos reales en un tendido eléctrico privado. El hallazgo de todos los cadáveres de las grandes rapaces nocturnas fueron comunicados a los agentes medioambientales.

Tras las correspondientes diligencias de investigación, el Fiscal Superior comunicó el pasado martes a estas entidades ambientales que había enviado el caso a los juzgados de Jumilla.

ANSE y Stipa, que se personarán en el caso como acusación particular, «aplauden la iniciativa de la Fiscalía de perseguir los casos de muertes reiteradas de aves protegidas en tendidos eléctricos de la Región de Murcia» y recuerdan que, recientemente y tras otra denuncia ante el TSJ, «la Comunidad Autónoma abrió expediente sancionador a Iberdrola por la electrocución de dos búhos reales en Mazarrón, advirtiendo de que en caso de una nueva muerte podría estar produciéndose un delito».

Los ecologistas confían en que la intervención del Ministerio Fiscal «acelere la resolución de este grave problema ambiental, ya que la electrocución supone la principal causa de muerte para diversas especies de aves gravemente amenazadas y protegidas». Igualmente, piden al Gobierno regional que adopte las diez medidas de protección que diferentes organizaciones ambientales solicitaron en enero de 2021, «particularmente la aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución, aspecto al que se comprometió la Consejería en un escrito de respuesta».

Por último, los ecologistas destacan «la importancia de la colaboración ciudadana para aflorar las muertes de aves protegidas en tendidos de la Región de Murcia», y recuerdan que «no debe tocarse el cuerpo del animal ni el apoyo y avisar inmediatamente al Cecofor o al Seprona».

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