Diez medidas contra la muerte de aves en tendidos eléctricos

Según las organizaciones ecologistas, solo con aplicar «adecuadamente» la legislación vigente sería posible frenar la «alta mortalidad» de aves en tendidos eléctricos: casi 33.000 al año en España según un estudio del Ministerio de Ambiente, que hace tres años puso cifras por primera vez a esta sangría para la avifauna. Siete ONG ambientales han trasladado ahora a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente un plan con diez medidas que solucionarían en tres años este problema, que en la Región de Murcia estaría matando anualmente a entre 600 y 6.000 individuos de diferentes especies, pero sobre todo rapaces, alertan los conservacionistas.

El informe remitido a la Comunidad Autónoma por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula y Stipa alerta sobre la gravedad que suponen para la biodiversidad las electrocuciones de fauna silvestre: «A pesar de la incertidumbre en el número total de ejemplares afectados, resulta evidente que la tasa de mortalidad resulta inasumible y supone la principal causa de muerte en muchas especies, particularmente en aves rapaces protegidas. Estas cifras contrastan con los ingresos declarados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, lo que indica que se trata de un grave problema que está infraestimado; seguramente solo se estén registrado el 3% de los casos», se lamentan los ecologistas.

Los datos del Ministerio (según el trabajo de campo aportado por los ingenieros de montes M. Ángeles Soria y Francisco Guil Celada) situaron a la Región como el segundo punto negro del país en mortalidad en tendidos eléctricos, solo por detrás de Zaragoza, con más de 7.000 aves al año, aunque el Gobierno regional únicamente admite 588 en el periodo 2012-2016, ámbito temporal de la investigación.

La Comunidad Autónoma e Iberdrola presentaron en mayo de 2019 un convenio por el que la compañía energética corregiría 7.532 apoyos peligrosos para la avifauna en líneas de alta tensión. El programa estaba dotado con 20 millones de euros hasta el año 2025.

Un real decreto de 2008 obliga a que todos los tendidos eléctricos instalados a partir de ese año sean seguros para las aves, y también establece que hay que mejorar los que, atravesando espacios protegidos, ofrezcan riesgo de choque o electrocución. Pero más de diez años después, miles de kilómetros de cables, torretas y apoyos siguen siendo una trampa mortal. El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma publicó en el verano de 2018 la relación de tendidos peligrosos: 267, que sumaban entonces más de 1.600 kilómetros. La corrección de un apoyo tiene un coste de unos mil euros, según Iberdrola.

A continuación, las diez medidas propuestas por los ecologistas para resolver la mortalidad de aves en los tendidos:

1. Revisión y corrección de los tendidos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos.

2. Mejora de medios humanos y materiales de los agentes medioambientales para detectar los tendidos más peligrosos.

3. Elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y colisión.

4. Evaluación completa de líneas o de tramos extensos para minimizar el número de expedientes a tramitar.

5. Traslado de las competencias de los expedientes a funcionarios jurídicos de Disciplina Ambiental estableciendo dos posibles vías en función de la titularidad: apertura de expediente sancionador en caso de compañías de suministro e instrucción de modificación para líneas privadas en la primera electrocución (aplicación Ley 26/2007).

6. Ilegalidad de los convenios establecidos con las compañías eléctricas para evitar la apertura de expedientes sancionadores (según Oficio de la Sala de la Fiscalía General de Medio Ambiente del Tribunal Supremo de 29/07/2019).

7. Ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región.

8. Integración del riesgo de electrocución en las revisiones trianuales de los tendidos por parte de Industria.

9. Exigencia de soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de nuevos proyectos de parques solares.

10. Aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución.

La aplicación de estas medidas supondría menos del 1% de los beneficios del sector eléctrico, según las ONG ambientales. A cambio, se obtendrían «enormes beneficios en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas, minimizando los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando el bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que desarrolla este grupo: control de daños agrícolas por conejo, freno a la proliferación de enfermedades, retirada de cadáveres y regulación de poblaciones de roedores», defienden.