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La Comunidad Autónoma ha hecho sus deberes a medias con la revisión de las afecciones ambientales de los 39 proyectos de plantas fotovoltaicas con potencia ... inferior a 50 megavatios que aspiran a instalarse en la Región:con el plazo de tramitación a punto de cerrarse –expira el próximo miércoles, día 25–, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han resuelto veinte expedientes, con trece aprobados, seis rechazados y una renuncia. Y siguen trabajando «a un ritmo frenético», asegura a LA VERDAD el Gobierno regional, para resolver a tiempo el papeleo de alguno de los diecinueve huertos solares pendientes de resolución.
El consejero Antonio Luengo –que ostentó las competencias en Medio Ambiente hasta la remodelación del Ejecutivo autónomo, esta semana– pidió una prórroga a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que fue rechazada por la intención del Gobierno central de acelerar al máximo la producción de energía renovable y también porque los plazos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 ya se habían ampliado hace un año.
Esta negativa obligó a la Consejería a concentrar a la mayor parte de su personal en la revisión de los expedientes bajo jurisdicción autonómica:los que tienen menos de 50 MW de potencia. Los de mayor tamaño son potestad del Estado, que ha reducido al mínimo las exigencias ambientales para adelantar todo lo posible la colocación de placas solares.
Los cerca de cuarenta proyectos de energía fotovoltaica que se han sometido al examen de la Comunidad Autónoma suponen una inversión de aproximadamente 2.200 millones de euros, según fuentes del Ejecutivo.
Ocho sin afecciones al medio ambiente. Dos en Fuente Álamo, dos en Murcia, dos en San Javier, una en Molina de Segura y otra en Cartagena.
Cinco con evaluación ambiental ordinaria concluida. Dos en Murcia y otras tres en Los Alcázares, Jumilla y Alhama.
Seis con afecciones significativas y que deben someterse a evaluación ordinaria (y que por tanto no cumplen el plazo). Dos en Murcia y otras cuatro en Los Alcázares, Mazarrón, Cartagena y Moratalla.
Potencia total con evaluación ambiental favorable: 276,19 MW.
Superficie total ocupada: 501,05 hectáreas.
El aumento en el ritmo de tramitación se ha traducido en una veintena de expedientes revisados: trece en positivo, de ellos ocho «sin efectos significativos para el medio ambiente» y cinco con la evaluación ambiental concluida; seis con «efectos significativos para el medio ambiente» y que deben realizar una evaluación de impacto ordinaria –y que por tanto no llegan a tiempo, puesto que este trámite supone un año aproximadamente–; y otro archivado por renuncia expresa del promotor.
De los trece proyectos con el visto bueno de Medio Ambiente, cuatro se instalarán en el municipio de Murcia, con una potencia total de 82MW y una superficie ocupada de 153,6 hectáreas;dos en Fuente Álamo (21,2 MW y 48 has); otros dos en San Javier (24 MW y 73 has); y uno en Cartagena (7 MW y 14,45 has), Molina de Segura (10 MW y 30 has), Los Alcázares (30 MW y 72 has), Jumilla (39 MW y 52 has) y Alhama de Murcia (63 MW y 58 has). En conjunto, una potencia total de 276,19 MW y 501,05 hectáreas ocupadas.
Los seis proyectos revisados que no podrán cumplir con los plazos porque deben someterse al trámite ambiental completo aspiran a instalarse en Murcia (dos), Los Alcázares, Mazarrón, Cartagena y Moratalla. De éstos, los más grandes son los de Murcia (100 y 67,57 has) y Moratalla (81 has).
Desde el sector empresarial de las energías renovables ya se ha advertido de que podrían iniciarse reclamaciones patrimoniales contra la Administración porque los promotores de estas iniciativas han depositado avales bancarios en pasos previos del procedimiento y corren el riesgo de perder el dinero invertido.
La aprobación por parte de los técnicos de Medio Ambiente es un hito importante en la tramitación de los proyectos de energía fotovoltaica, pero no es definitivo. El siguiente paso es la autorización administrativa de la instalación, que concede la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera (Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos), con un plazo máximo de tres meses.
La doble velocidad en la tramitación de las plantas de energía fotovoltaica acarreará consecuencias negativas para la naturaleza, advierten las cinco principales organizaciones ecologistas españolas:WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra. El motivo es la eliminación de la evaluación ambiental completa por parte del Miteco para las instalaciones de su competencia, es decir, las de grandes dimensiones (con una potencia superior a 50 megavatios), siempre que no se encuentren en espacios naturales protegidos.
La decisión de Teresa Ribera, presionada por la Unión Europea, supone que las macroplantas lo tendrán más fácil para implantarse que otras instalaciones de tamaño pequeño o mediano, con menos afecciones ambientales y paisajísticas y además con mayor interés social y participación de capital local.
«En lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue sostenible a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética. Y todo ello, mientras se expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes», advierten las asociaciones ecologistas en un comunicado conjunto.
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