El Congreso perdona al arruí

Pulgar hacia arriba del Congreso para el arruí, la trucha arcoiris, la carpa, el cangrejo rojo y el visón americano, especies invasoras que obtuvieron este lunes un indulto administrativo que desactiva la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016 que obliga a erradicarlas por su «carácter dañino» y afección negativa sobre los ecosistemas. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja ha aprobado la proposición de ley impulsada por el Partido Popular para modificar la Ley de Biodiversidad de 2007, una maniobra que permite esquivar el dictamen judicial para satisfacción de cazadores, pescadores deportivos y criadores, colectivos que defienden el aprovechamiento económico de determinados animales exóticos.

El PP obtuvo el apoyo de Ciudadanos y el PSOE se abstuvo, aunque los socialistas votaron en contra de las enmiendas específicas que permiten la descatalogación de las invasoras y su explotación. Nacionalistas vascos y catalanes –PNV y PDeCAT– se abstuvieron por equivocación al votar uno de los puntos centrales de la nueva ley, la que permite la caza y la pesca en los espacios donde tuvieran presencia antes del año 2007, por lo que será necesario retocar la proposición de ley en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta. Este contratiempo hará necesario que el texto legal pase de nuevo por el Congreso, donde se espera que sea aprobado definitivamente durante el mes de junio, explicó a 'La Verdad' el diputado del PP Teodoro García Egea. Unidos Podemos, Compromís y ERC votaron en contra.

«En la modificación de la ley se seguirá considerando que las especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información científica deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia, se podrán utilizar todas las modalidades de caza y pesca para su control o erradicación», apunta el PP en la exposición de motivos del nuevo texto.

«El objetivo de esta modificación de la ley es compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con un desarrollo socioeconómico sostenible, en ningún caso supone un retroceso en la lucha contra dichas especies», precisa Teodoro García, quien asegura que «de la aprobación de esta proposición de ley dependen más de 1.000 empleos directos e indirectos en la Región de Murcia, y solo en lo referente a la actividad cinegética afecta a más de 20.000 federados».

El arruí, introducido en Sierra Espuña en 1970 con fines cinegéticos, es desde hace años una especie polémica que ha hecho necesario un plan de control para evitar su expansión incontrolada por las sierras de la Región. Reclaman su erradicación los grupos ecologistas y los agricultores, los primeros porque ocupa el nicho ecológico de la autóctona cabra montés y por dañar la flora protegida; y los segundos porque ramonea en frutales y almendros. El sector de la caza, sin embargo, reivindica al muflón del Atlas y su importancia para la economía de las zonas rurales.

Los populares han hecho causa común con las demandas de cazadores y pescadores, que iniciaron una campaña contra la erradicación de las invasoras ordenada por el Supremo –tras un recurso de varias organizaciones ecologistas–, y que el domingo se movilizaron en toda España con eslóganes como 'La caza también vota'. A la protesta de Murcia asistieron en primera fila el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, y la directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, así como otros cargos de PP y Ciudadanos.

El diputado del PSOE Gonzalo Palacín criticó que el camino elegido por el PP para reformar este texto «no es el más idóneo», y consideró que hubiera sido más eficaz un proyecto de ley desde el Gobierno o complementar el texto con «planes de gestión por parte de las comunidades autónomas» para gestionar especies concretas.

El diputado de Equo Juantxo López de Uralde lamentó en nombre de Unidos Podemos la justificación económica para desclasificar una especie invasora frente al informe científico que, a su juicio, «es el único que debería prevalecer para conservación del medio ambiente».

Mientras el Congreso daba un capotazo a las especies invasoras en España, en Roma se celebraba un foro científico para alertar sobre sus riesgos. «Son el principal factor de extinción de la naturaleza, por lo que debe reducirse su expansión», recordó el director de la división de exóticas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Pietro Genovesi, quien aseguró que son responsables por sí solas del 16% de las extinciones en el mundo, un porcentaje que se eleva hasta el 40% en combinación con otras amenazas. En Europa las especies invasoras cuestan más de 12.500 millones de euros anuales, alertó Genovesi.

Las principales ONG ambientales –WWF, Ríos con Vida, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra– denuncian la «irresponsable» e «insólita» unión de PP, PdeCat, Ciudadanos y PNV para, «saltándose una sentencia» del Tribunal Supremo, frenar la erradicación de las especies exóticas invasoras «en contra del criterio científico».

En caso de aprobarse definitivamente, las ONG ambientales estudiarán solicitar al Tribunal Supremo que eleve la situación al Tribunal Constitucional. Los ecologistas consideran que se trata de un «paso atrás» en la conservación de la naturaleza, «un patrimonio común de todos los españoles, debido a intereses particulares de los aficionados a la pesca y a la caza».

Las ONG ambientales han expresado su «sorpresa» ante la «insólita unión» en el actual contexto político y lamenta que los diputados hayan ignorado el consenso científico en la materia –17 sociedad científicas y 600 investigadores se han expresado en contra de la reforma– y a los técnicos de conservación, máxime cuando han escuchado, en comparecencias en sede parlamentaria, los argumentos de ambos.