El Congreso admite la proposición de ley para que el Mar Menor tenga personalidad jurídica

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se reconozca al Mar Menor como sujeto de derechos ha dado un paso de gigante en tiempo récord. La Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite el pasado martes la proposición de ley que presentó el 29 de julio en el Registro de la Cámara Baja el grupo promotor de este original proyecto legal: nueve activistas (seis mujeres y tres hombres) pertenecientes a asociaciones como SOS Mar Menor y Mar Menor Vivo y encabezados por la docente de la Universidad de Murcia Teresa Vicente y el abogado ambiental Eduardo Salazar.

«No nos lo podemos creer, aún tengo la piel de gallina», ha relatado emocionada a LA VERDAD Teresa Vicente. «En el Registro nos dijeron que como mínimo pasarían cuatro años antes de que se pronunciara la Mesa del Congreso», continúa la jurista y profesora de Filosofía del Derecho, «así que esta respuesta tan rápida, y además positiva y tan esperanzadora, es como un sueño para nosotros». La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, salió a la puerta del Congreso aquel miércoles 29 de julio para saludar a la delegación murciana, a la que dio ánimos y felicitó «por su valentía».

Menos de dos meses después y con el vacacional agosto por medio, la Mesa del Congreso ha dado el visto bueno a la ILP para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor tras un informe positivo del Senado. Sin embargo, solo se trata del primer paso para un camino administrativo y jurídico «que será largo y complicado», admite Teresa Vicente. De momento, para que la ILP pueda ser debatida en el Parlamento el grupo promotor dispone de un plazo de seis meses para recoger 500.000 firmas de apoyo, una meta que en principio no se antoja complicada.

La mayor dificultad de esta iniciativa, surgida en el grupo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UMU, será dar cuerpo legal a una figura que aún está inédita en España y que tiene el objetivo de otorgar al degradado espacio natural de la Región de Murcia la misma consideración jurídica de una persona: que el Mar Menor tenga derecho a ser defendido por sí mismo, de forma que la Administración tendría que anteponer su protección a cualquier otra circunstancia, y que sus representantes puedan acudir directamente a los tribunales para reivindicar sus derechos.

También es una forma de buscar un atajo para soslayar las numerosas figuras legales de protección con que cuenta la laguna pero que hasta ahora se han demostrado ineficaces, como prueba la situación de extrema degradación ambiental de un ecosistema único en Europa después de varias décadas de vertidos mineros y urbanos, contaminación por nitratos procedentes de la agricultura intensiva, urbanismo excesivo y mal planificado y otras agresiones.

El proyecto de conceder derechos legales al Mar Menor, como si fuera una persona, está inspirado en casos como el del contaminado río Atrato (en el departamento colombiano del Chocó), con amparo jurídico reconocido en 2016 por la Corte Constitucional de ese país sudamericano en una sentencia que abrió un camino inédito para la protección y la conservación del paisaje, la flora y la fauna.

En paralelo a su tramitación en las Cortes, la Asamblea Regional también estudia esta misma propuesta de dotar de derechos al Mar Menor a petición del grupo promotor de la ILP, que fue apoyada por los plenos municipales de todos los ayuntamientos ribereños. Si el Parlamento regional eleva al Congreso la ILP, sus promotores ya no tendrían que reunir el medio millón de firmas exigido por la ley.