La Comunidad ya es la dueña de Cabo Cope

Con este frío movimiento bancario, del que la organización ecologista no fue avisada previamente, se cierra el proceso legal de retracto emprendido por el Gobierno regional cuando tuvo conocimiento, mediante las informaciones publicadas en LA VERDAD, de que ANSE había adquirido Cabo Cope después de varios años de negociaciones y de intentar, sin éxito, que la Comunidad o el Ayuntamiento de Águilas se hicieran con la propiedad.

Por eso los ecologistas no entendieron que el Ejecutivo autónomo ejerciera su derecho de retracto sobre Cabo Cope al mes siguiente de la adquisición –por tratarse de un espacio protegido, la Administración cuenta con la potestad de quedárselo abonando al comprador la cantidad pagada– y se resistieron a perderlo:mediante la negociación para una propiedad y gestión conjuntas del espacio, y con la condición de que se aprobase el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre; y más tarde mediante acciones legales que no llegaron a buen puerto.

Pero ni siquiera se dio la oportunidad de que pudieran sentarse a negociar con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, asegura a este diario Pedro García, director de la organización conservacionista.

El Gobierno regional tampoco aceptó la petición de la Asociación de Naturalistas del Sureste de que se les abonasen los interteses del préstamo bancario suscrito para la compra de Cabo Cope, varios miles de euros que dan por perdidos.

Finalmente, la Comunidad Autónoma demandó a ANSE para obligarles a la transmisión patrimonial ante un notario, y los ecologistas decidieron allanarse porque, al no concedérseles su petición de justicia gratuita, se arriesgaban a ser condenados en costas.

«Más que tristeza, sentimos cierta frustración por no haber sido capaces de alcanzar al menos un acuerdo con el Gobierno regional; propusimos varias alternativas porque no hemos querido quedarnos con Cabo Cope de cualquier manera. En cualquier caso, lo más importante no era tener la propiedad, sino que se aprobase el PORN y se impulsase la protección de todo el espacio natural», explica Pedro García, quien destaca que se trata del primer caso en España en el que una administración pública ejerce el derecho de retracto sobre la compra de un espacio protegido por parte de una organización ecologista.

«Lo peor es que ya se hace muy difícil que podamos plantearnos gestiones similares. El grado de desconfianza no puede ser mayor y no existe ningún tipo de diálogo con un Gobierno regional que nos impide trabajar en la conservación del medio ambiente», se lamenta el director de ANSE.

Este «entorpecimiento» del trabajo de ANSE se manifiesta también, asegura Pedro García, en las dificultades para actuar en otros proyectos y lugares, como las Salinas de Marchamalo: «Dos años y medio después de comprar allí una concesión, la Comunidad aún no ha respondido a nuestros requerimientos y no hemos podido empezar a trabajar».

En vista de su frustrado intento de conseguir la propiedad de Cabo Cope, García asume que «es el momento de dar un paso atrás» y dedicar los esfuerzos para defender este espacio natural mediante otras vías.

Por ejemplo, exigiendo la aprobación de la normativa ambiental que ordene las actividades económicas en el interior del parque regional, donde se extiende la agricultura intensiva, y planteando alegaciones a la futura reserva marina, la tercera de la Región después de las de Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso –ambas en la costa de Cartagena–, que la Comunidad espera declarar este mismo año. ANSE plantea que el entorno de Cabo Cope también debe formar parte de la zona de reserva integral –y no solo el polígono situado frente a la playa de la Galera y la Chapa de los Pájaros–, y que se incluya en el espacio marino protegido la isla del Fraile.