La Comunidad Autónoma ejerce el derecho de retracto para quedarse con Cabo Cope

La Comunidad Autónoma ha movido ficha en el caso Cabo Cope para evitar que el emblemático espacio protegido aguileño termine en manos de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que anunció su compra el pasado 22 de abril. La Administración regional, que aún está en plazo para ejercer el derecho de retracto, envió ayer un burofax a Solvia —comercializadora del 'banco malo'– para anular la adquisición por parte de los ecologistas y reiniciar un proceso que culminará con la montaña litoral como bien público.

Por tratarse de un espacio protegido, las administraciones tienen preferencia a la hora de ejecutar la compra.

«Tras conocer la reciente venta, la Comunidad inició las actuaciones pertinentes para ejercer, en su caso, el derecho de retracto tal y como establece la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», confirma el Gobierno regional a LA VERDAD. El Ejecutivo se ampara en el artículo 40 de la Ley 42/2007 para reclamar a Solvia «el precio y las condiciones de la transmisión».

ANSE pagó 500.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) después de tres intentos y una larga negociación por un macizo calcáreo de 270 hectáreas que forma parte del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre. También está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Los ecologistas justificaron su compra por la necesidad de abordar la conservación efectiva de un espacio sin plan de gestión ni normativa después de casi treinta años de blindaje oficial. Para abordar la operación abonaron un adelanto de 150.000 euros y solicitaron un préstamo por el resto, que pretendían recuperar mediante una campaña internacional de captación de fondos con la colaboración de WWF.

El movimiento de la Comunidad se produce una semana después de que Vox registrase una moción en la Asamblea Regional exigiendo al Gobierno que ejerciese su «derecho de tanteo» para quedarse con Cabo Cope ante lo que consideraron un «expolio del patrimonio natural» con «intereses ocultos».

El director de ANSE, Pedro García, se reunió a finales de la anterior legislatura tanto con la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, como con el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, para que una de las dos administraciones comprase Cabo Cope, un activo procedente de una entidad bancaria rescatada con fondos públicos –fue propiedad de Cajamadrid y más tarde de Bankia–. El rechazo a su propuesta fue el acicate para intentarlo ellos mismos, asegura.

Sin embargo, la Comunidad afirma que intentó su compra en el año 2018: «Se mostró interés en estos terrenos y se estuvo negociando su compra con la Sareb, llegando a ofrecer una cifra superior a la invertida por ANSE en la transacción y obteniendo una respuesta negativa por parte del vendedor, al considerarla insuficiente», mantiene el Gobierno regional.

«Se considera que si este espacio protegido era vendido, debía pasar a formar parte del patrimonio de todos los murcianos; por eso se inició la compra en su momento y ahora, a tenor de lo visto y en base a la ley, se avanza en este procedimiento», justifica la Dirección General de Medio Natural su irrupción en esta operación.

«Hay que recordar que Cabo Cope cuenta con las máximas figuras de protección a nivel autonómico y europeo, y eso no va a variar independientemente de quién sea su propietario», añade.