El Colegio de Biólogos se siente «aplastado y perseguido» por el Gobierno regional

La titulación exigida por la Comunidad Autónoma para obtener la capacitación de operador agroambiental del Mar Menor «excluye de forma intencionada a los biólogos», denuncia el decano de este colegio profesional en la Región, Ginés Luengo Gil, quien asegura en declaraciones a LA VERDAD que este colectivo está siendo «aplastado y perseguido» por el Ejecutivo autónomo.

El decreto ley de Protección Integral del Mar Menor, cuya aprobación está prevista para el próximo miércoles 22, reserva la potestad de vigilar las buenas prácticas agrícolas y sobre todo fiscalizar la carga de fertilizantes utilizada en cada explotación a ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, graduados en Ingeniería Agrícola y técnicos superiores de Formación Profesional en Paisajismo y Medio Rural. Los aspirantes recibirán formación en el Cifea de Torre Pacheco —80 o 180 horas, en función de si cuentan o no con formación universitaria–, según explicó el lunes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y colaborarán con los agricultores para aplicar las limitaciones en sus cultivos previstas por la nueva normativa de protección de la laguna.

La definición para este puesto de trabajo supone un «veto» para los biólogos, los profesionales «más capacitados» para velar por la protección del Mar Menor, critica Ginés Luengo, quien anuncia que tratará de evitar lo que considera un episodio más de una «persecución de quienes, con un criterio anticientífico, pretenden mantener la agricultura intensiva a pleno rendimiento». Ante la imposibilidad de recurrir en los tribunales, tratará de convencer a los partidos de la oposición y a Ciudadanos para que les incluyan.

«El Colegio de Biólogos siempre ha sido muy reivindicativo, no les bailamos el agua ni firmamos cualquier cosa, por eso nos están echando y premian a otros colectivos profesionales afines, a quienes pagan con estas prebendas», según Luengo, quien denuncia la influencia creciente en el Ejecutivo de los ingenieros, «favorecida por los consejeros Javier Celdrán, Antonio Luengo y José Ramón Díez de Revenga, los tres ingenieros», insiste, «en detrimento de biólogos y ambientólogos. Nos tienen enfilados».

«Les estorbamos en el Mar Menor, dicen que las medidas que proponemos son metafísicas pero esta figura de los operadores agroambientales es solo un truco para mantener intactos los intereses del sector agrícola», mantiene el decano de los biólogos, que ya abandonó el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial por la «aprobación de medidas sin consenso ni informes científicos, y con una actitud dictatorial que no nos gusta. No doy crédito, no estoy acostumbrado a esta forma de actuar».

El Colegio de Biólogos sí se opondrá legalmente a un cambio reciente en la cualificación exigida por el Gobierno autónomo para ocupar la plaza de jefe de servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial, que ha sido reservada a ingenieros técnicos agrícolas mediante una resolución publicada hace unos días en el Boletín Oficial de la Región (Borm). El martes fue cesado el funcionario que desempeñaba ese puesto, Ramón Ballester, quien será reemplazado por un ingeniero.

Ginés Luengo achaca también esta decisión a la «estrategia de situar en puestos clave a ingenieros despreocupados por los aspectos de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, en contra incluso de las políticas europeas de medio ambiente».

La Consejería responde a estas críticas que «la habilitación» de esta plaza para ingenieros agrícolas no responde a «un veto a los biólogos, que además no son los únicos que pueden verse afectados por el cambio», sino a «la adaptación y un ajuste más técnico que se está buscando, sumado a la incorporación de supervisión de proyectos técnicos entre sus competencias».

«Se ha llevado a cabo de manera legal y transparente. Que la administración se adapte a las necesidades a las que se enfrenta es algo habitual y necesario para garantizar su eficacia», añade el Gobierno regional.