Bruselas acusa a la Región de vulnerar la Directiva de Aves por no proteger la tórtola

La tórtola común pone en aprietos al Gobierno regional, que se enfrenta a la acusación de vulnerar la Directiva de Aves por no proteger adecuadamente una especie migratoria que en la última década ha perdido el 40% de sus poblaciones en España. La Comisión Europea envió el mes pasado un duro dictamen motivado en el que exige medidas de conservación eficaces, reprocha el incumplimiento de los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma y critica que la tórtola se siga cazando «a niveles insostenibles». Esta comunicación de Bruselas, que es la continuación de la carta de emplazamiento remitida en julio de 2019, concede dos meses para que se corrija la infracción de dos artículos de la normativa comunitaria (4, apartados 2 y 3; y 7, apartados 1 y 4); en caso contrario, interpondrá una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría terminar en sanciones económicas.

El dictamen motivado de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso LA VERDAD, considera que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no ha contestado satisfactoriamente a las exigencias de Bruselas: ni ha remitido información detallada sobre su estado poblacional, ni ha designado áreas protegidas (Zonas de Especial Protección para Aves, ZEPA), ni se ha asegurado de que su caza no comprometa la viabilidad de la especie.

La Comunidad Autónoma admite que el declive de la tórtola común o europea ('Streptopelia turtur') es «evidente» en la Región de Murcia, pero que no dispone de datos para cuantificar este bajón, que achaca a varios motivos: pérdida de hábitats y caza en zonas de invernada (África); pérdida de hábitats y caza a nivel local; fumigaciones agrícolas; depredación por urraca; competencia por el incremento de tórtola turca ('Streptopelia decaocto'); enfermedades; envenenamiento por productos fitosanitarios; y efectos del clima, incluido el cambio climático.

La Consejería estima que su población oscilaría entre 41.000 y 104.887 ejemplares, dependiendo del modelo de censo utilizado, y que la presión cinegética se ha reducido en un 85% en los últimos años gracias a la reducción de días de caza y del cupo de ejemplares por cazador, medidas incluidas en las últimas órdenes de vedas. Sobre el número de aves cazadas, el dato aportado por la Administración autonómica es de 2015, cuando fueron abatidas 17.014 tórtolas, el 1,85% de las 918.066 que se cobraron ese año en España.

Estas alegaciones son insatisfactorias para la Comisión Europea, que acusa al Gobierno regional de autorizar la caza «a niveles insostenibles» y en «fechas muy tempranas de la temporada», cuando aún está criando, sin «supervisión y recopilación de datos» sobre la presión cinegética y pese al declive de la especie.

Para la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), esta advertencia de la Comisión Europea refuerza los argumentos de la denuncia presentada el año pasado contra dos consejeros de Medio Ambiente (el actual, Antonio Luengo, y el anterior responsable, Javier Celdrán) y otros altos cargos autonómicos por no haber sometido a Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 las órdenes de vedas de las temporadas de caza 2019/2020 y 2020/2021, «tal y como establecía el Decreto 55/2015 y como advertían los informes jurídicos». También, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado remitió una circular a todas las comunidades en la que reclamaba una moratoria en la caza de la tórtola común.

«El dictamen motivado de la Comisión Europea será remitido a los juzgados que están investigando los hechos, ya que aporta fundamentos jurídicos y técnicos sólidos que demuestran que las órdenes de vedas han tenido efectos negativos sobre los objetivos de conservación de estos espacios, por afectar a una especie de ave migradora de llegada regular a la Red Natura 2000«, insiste el biólogo de ANSE Jorge Sánchez. «Una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 debería haber indicado el efecto negativo sobre sus poblaciones de la actividad cinegética y lo inadecuado de las fechas de caza, y haber integrado los contenidos de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea y los requerimientos de la circular de la Fiscalía», añade la organización ecologista.

La advertencia de la CE confirma, según ANSE, «uno de los supuestos de prevaricación incluidos en la denuncia: que las órdenes de vedas se aprobaron a pesar de que el informe técnico de la Dirección General de Medio Natural determinó que la información disponible resultaba «insuficiente para poder tener la certeza de que la actividad cinegética, tal y como se regula en la orden [de vedas], no va a tener una repercusión relevante o significativa sobre la fauna».

ANSE lamenta «que la cesión del Gobierno regional a los intereses particulares del sector cinegético ponga en riesgo la biodiversidad deteriorando el medio ambiente e incumpla la normativa europea, lo que puede suponer graves sanciones que serán asumidas por el conjunto de los ciudadanos«. »En este sentido«, argumentan los ecologistas, »el Gobierno regional está en el borde del precipicio judicial; si la Consejería no rectifica, se encontrará con dos frentes abiertos, uno penal en Murcia y otro europeo en Luxemburgo, sede del Tribunal Europeo«.

El mantenimiento de la caza de la tórtola en la Región de Murcia, junto con la ausencia de medidas creíbles de gestión, fue el detonante para el abandono de los grupos conservacionistas del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial en diciembre de 2019.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado recientemente el procedimiento para declarar especie vulnerable la tórtola común, una catalogación que impediría su captura, según las críticas de la Real Federación Española de Caza, que exige al Gobierno central que aplique el Plan de Caza Adaptativa impulsado por la UE. En España se cazaron 918.066 tórtolas en 2015; 890.00 en 2016; 797.000 en 2017; y 749.000 en 2018.