El arruí seguirá 'vivo' en catorce municipios

El arruí seguirá ocupando las sierras del centro de la Región de Murcia, con su 'base' principal en Sierra Espuña, y algunas formaciones montañosas de la Vega del Segura, Lorca y el Noroeste, coincidiendo con los lugares en los que tenía presencia antes de 2007. La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente ya dispone del mapa regional de las especies invasoras de interés social o económico, un documento que sometió el martes a consulta en el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial y que delimita los enclaves en los que se permitirá la presencia del muflón del Atlas, que podrá ser cazado de nuevo después de tres años, y especies piscícolas como la trucha arcoíris, la carpa, el lucio, la lucioperca, el black bass y el alburno.

2007 es el horizonte temporal para fijar los enclaves en los que se 'tolerará' a las especies invasoras indultadas el pasado mes de junio en el Congreso gracias a la reforma de la Ley de Biodiversidad impulsada por el PP, que contó con el apoyo de Ciudadanos y nacionalistas vascos y catalanes. La Comunidad Autónoma deberá mantener a raya los animales exóticos en los espacios donde se extendieron después de ese año (que se toma como referencia por ser la fecha en que se aprobó la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad).

La presencia (y la caza) del muflón del Atlas se permitirá por tanto en los siguientes espacios: Sierra Espuña, Sierra de la Muela de Alhama, Sierra del Cura, Sierra de la Tercia-Chíchar, Sierras del Cambrón, Lavia y Burete-Quípar-Cabras, Torrecilla, Gigante-Pericay, Pinosa, la Zarza, Sierras del Oro y de Ricote, Cerro de la Atalaya y el conjunto de macizos de los Álamos-Buitrera-Gavilán (en los municipios de Aledo, Alhama de Murcia, Totana, Librilla, Lorca, Mula, Bullas, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Cieza, Abarán, Ojós y Ricote). El arruí se encuentra también ahora en el Altiplano, donde deberá ser erradicado de acuerdo con la nueva situación legal.

Medio Ambiente ha delimitado estos espacios basándose en los censos de arruí realizados hasta el año 2008. Estos trabajos, realizados por la Administración regional o encargados a especialistas en la especie, se complementan con muestreos y citas aisladas para fijar la distribución del ungulado de origen africano en la Región de Murcia hace once años, «descartando los avistamientos ocasionales de individuos aislados que no pudieron comprobarse con posterioridad», señalan los autores del informe: Roberto Pascual Rico, Sergio Eguía Martínez, José Antonio Sánchez Zapata, Andrés Giménez Casalduero, Francisco Botella Robles, Eugenio José Martínez Noguera y Beatriz de las Nieves López Pastor.

La propuesta de la Comunidad Autónoma fue aprobada por todos los miembros del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial salvo por el representante de los grupos ecologistas, que criticó la «nueva barra libre» para las especies invasoras que, en el caso de las especies piscícolas, ocuparán un espacio permitido mayor del que les correspondería atendiendo a los lugares donde han sido citadas, según su queja. El subdirector general de Política Forestal, Juan de Dios Cabezas, definió la nueva situación legal de las especies invasoras como «una oportunidad que hay que aprovechar» para mejorar su gestión.

El representante ecologista lamenta sin embargo «las prisas y complicidad de la Administración por satisfacer a las federaciones, lo que contrasta con la pasividad mostrada anteriormente para aplicar la sentencia del Supremo que obligaba a su control y erradicación».

El del pasado mes de junio es el segundo 'perdón' oficial a las exóticas, tras una reforma del catálogo de especies invasoras decidido en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy que establecía excepciones basadas en el aprovechamiento económico o el interés social. Esta decisión fue anulada en marzo de 2016 por una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón al recurso presentado por varias organizaciones ecologistas y que obligaba a erradicar un grupo de invasoras que también incluye al cangrejo rojo y al visón americano, que se explotan económicamente en Andalucía y en varias provincias del norte del país, respectivamente.

Puesto que este dictamen judicial no era recurrible, el PP recurrió a la reforma de la ley para esquivar su cumplimiento, una maniobra muy criticada por los científicos (hasta 600 firmaron un manifiesto) y las asociaciones ecologistas, que han anunciado un recurso ante el Constitucional para frenar la expansión de especies que «empobrecen la biodiversidad, desplazan a la fauna autóctona y producen importantes pérdidas económicas», aseguran.

El PP, que ha ido de la mano de cazadores, pescadores y criadores, asegura que el mantenimiento «controlado» de determinadas poblaciones de exóticas favorece la economía en zonas rurales.