Aprobado el Plan de Gestión Integral del Mar Menor

Cuando afronta quizá su peor momento, el Mar Menor ha recibido este jueves una buena noticia, al menos sobre el papel: la aprobación en Consejo de Gobierno del Plan de Gestión Integral que regulará las actividades en torno al espacio protegido y ayudará a su conservación. El documento establece un presupuesto de 19 millones de euros para sus primeros seis años de vigencia y recoge 64 medidas, todas sabidas puesto que la Comunidad Autónoma las ha dado a conocer durante la tramitación de este proyecto normativo exigido por la Unión Europea para los espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Uno de los puntos más importantes es la prohibición de construir más puertos deportivos y la limitación de ampliar los ya existentes, junto con la instalación de balnearios tradicionales. Igualmente, se prohíben las playas artificiales. También se reducirá la velocidad de las embarcaciones a un máximo de cinco nudos en calados de menos de cuatro metros y se instalarán fondeos ecológicos para que los barcos amarren en boyas y no dañen con el ancla las praderas sumergidas. También habrá programas de control de la calidad del agua y sedimentos, seguimiento y restauración de los hábitats marinos, y se favorecerán los proyectos de investigación y de educación ambiental.

El ámbito del Plan de Gestión Integral abarca 31.123 hectáreas, 2.750 terrestres y 28.374 marinas, e incluye la laguna del Mar Menor y sus islas, las zonas húmedas asociadas, diversos cabezos de su entorno, las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y, a lo largo del litoral mediterráneo, una franja marina y sus islas. En este espacio confluyen diversas figuras de protección, como los Espacios Protegidos Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos y dos áreas protegidas por instrumentos internacionales.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo explicó que el nuevo plan «es el instrumento adecuado para garantizar la conservación de los espacios protegidos que conforman el ámbito territorial, terrestre y marino, del Mar Menor», y para ello recoge 64 acciones concretas «para mantener, mejorar o, en su caso, restablecer el estado de los elementos objeto de conservación, minimizar o evitar impactos, así como favorecer la participación e implicación de los sectores sociales y económicos en la gestión». Al presupuesto de 19 millones se le suman otros tres para el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

El plan marca directrices y regulaciones generales y relativas a ámbitos de actuación como la conservación y la gestión ambiental, el patrimonio cultural, las actividades agrícolas y ganaderas, la pesca profesional, los cultivos marinos, la actividad cinegética y las actividades turísticas. También centra el foco en infraestructuras portuarias y viarias; industria, energía y minas; actividades militares; urbanización y edificación; y a la investigación.

Para conseguir la colaboración de los agentes públicos y privados, el Plan de Gestión Integral recoge la creación de la Comisión de Participación de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral de la Región de Murcia, «como órgano colegiado para promover y facilitar la participación de las administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos en la gestión del espacio, fomentar las acciones del plan, así como la investigación y la divulgación del conocimiento en las materias relacionadas con el plan de gestión integral», explica el Gobierno regional.

El del Mar Menor es el cuarto plan de gestión de Red Natura 2000 aprobado por la Comunidad Autónoma. Aún quedan pendientes otros nueve, en un plan de trabajo que terminará en el primer trimestre de 2022, con diez años de retraso sobre las fechas exigidas en su momento por la Comisión Europea (verano de 2012), que abrió un expediente sancionador a España por este incumplimiento (que no es exclusivo de la Región, aunque Murcia es la comunidad que tiene más trabajo pendiente). En el caso concreto del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, este documento contó con un retraso añadido motivado por el rechazo de los empresarios de la comarca de Cartagena, que veían en la nueva normativa demasiadas restricciones a las actividades económicas. Este conflicto hizo que el Gobierno regional suavizara algunas medidas y sacase de nuevo el documento a información pública. Su aprobación culmina siete años de trámites.