Los activistas ambientales detenidos en Murcia: «No somos unos terroristas»

La Memoria de 2022 de la Fiscalía General del Estado incluyó a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion en el epígrafe de organizaciones terroristas. Y, aunque admitió más tarde que esa calificación fue «un error», el Ministerio del Interior está ordenando la detención de integrantes identificados de estos grupos –treinta arrestados en total en toda España el mes pasado– que en los últimos años han realizado lo que ellos califican como «protestas pacíficas, simbólicas y performativas» contra empresas e instituciones públicas a las que culpan de acelerar o no actuar contra la emergencia climática.

Una de estas acciones se desarrolló en Murcia en junio de 2023 y consistió en rociar la fachada del restaurante McDonald's ubicado en la avenida Juan de Borbón con pintura negra y roja, para simular petróleo y sangre.

Futuro Vegetal achaca a esta cadena de comida rápida la venta de carne «procedente de ganadería industrial» y su efecto en el calentamiento global. Esta organización se define como «un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas».

«Me llamaron al teléfono del trabajo y me dijeron que tenía que ir a Comisaría a declarar. Por nada concreto, sólo por pertenecer a Futuro Vegetal», explica a LA VERDAD uno de los activistas detenidos, que pide no ser identificado y que asegura que no participó en la acción contra el McDonald's, «aunque sí en otras».

«No somos unos terroristas», continúa indignado, «me parece una falta de respeto para las víctimas en un país donde hemos sufrido terrorismo de verdad. Es una locura y está fuera de lugar, porque además no existe un carnet de Futuro Vegetal. Nosotros únicamente nos dedicamos a tirar pintura lavable, cortar una carretera o colgar fotos y mensajes en las redes sociales. Es indignante que se dediquen recursos públicos a perseguirnos cuando lo realmente relevante es frenar las actividades económicas e industriales que causan el cambio climático».

«Esto responde a una campaña dirigida contra el movimiento ecologista para desanimarnos y distraernos, pero seguiremos luchando», insiste.

Los otros tres integrantes de Futuro Vegetal detenidos –dos de ellos estudiantes– fueron abordados e informados de las acusaciones en plena calle y conducidos a Comisaría, asegura esta organización.

La quinta detenida, componente del movimiento Extinction Rebellion, es una profesora jubilada de 68 años que también prefiere el anonimato. Relata a este diario que fue localizada por teléfono mientras estaba de viaje fuera de Murcia y que en ningún momento se le informó acerca del motivo por el cual se le pedía que acudiese a declarar al día siguiente a las instalaciones policiales. Salió de la Comisaría acusada de daños y pertenencia a organización criminal.

«Acudí muy preocupada, no sabía si me llamaban por un asunto relacionado con algún familiar. Cuando supe de qué se trataba me asombré muchísimo, es algo desproporcionado», recuerda quien asegura llevar «toda una vida luchando y visibilizando los problemas medioambientales y la crisis climática de forma pacífica. Me dedico a apoyar protestas y 'performances' y a difundir noticias».

Tampoco participó en el rociado con pintura del McDonald's, aunque sí acudió después a hacer fotografías, que publicó en redes sociales. Fue captada por las cámaras de seguridad mientras tomaba imágenes en el exterior del establecimiento.

El coordinador de Alianza Verde y exdiputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, también exdirector de Greenpeace, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique los criterios por los cuales se han ordenado estas detenciones, que califica como un «intolerable proceso de criminalización de la protesta».

Mientras, los activistas aguardan sin mucha información –«la investigación se lleva desde Madrid»– el temido siguiente paso:una citación para declarar en el juzgado como imputados si se confirman las acusaciones, castigadas con hasta ocho años de cárcel.