La ley de aceleración empresarial se atasca tras meses de negociación

El partido Ciudadanos considera rotas las negociaciones con el PP para sacar adelante una de las principales leyes destinadas a dinamizar la economía regional. Las conversaciones que se llevan en 'secreto' con la patronal Croem para pactar la segunda norma de simplificación administrativa –llamada ley de aceleración empresarial– se bloquearon el martes debido a dos exigencias de los 'populares' en materia medioambiental, que la formación naranja considera ilegales. Sospecha que están relacionadas con posibles actuaciones en el parque regional de Calblanque y con el parón inmobiliario y urbanístico que sufre el municipio de Cartagena. Las discrepancias fueron tan patentes que estas dos propuestas han quedado aparcadas de la negociación.

Esta ley nueva se presenta como otra herramienta de simplificación administrativa que resulta clave para miles de empresas que se encuentran ahora en un limbo legal, o bien que precisan de un mecanismo de autorización provisional, junto a otras muchas que tienen sus proyectos paralizados por los trámites burocráticos y medioambientales.

Después de varios meses de reuniones de carácter casi reservado, las tres partes han logrado consensuar el 95% del texto de la futura ley, pero han encallado en los puntos más sensibles de la ordenación urbanística y medioambiental que tratan de aplicar los populares y la patronal Croem. El PP está decidido a ir en solitario en septiembre y defender la ley en la Asamblea Regional, dejándola expuesta a las enmiendas de la oposición, apuntaron fuentes de este partido.

Los representantes de Ciudadanos rechazaron de plano la propuesta para que se elimine el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica en la modificación de los planes de ordenación urbana de los ayuntamientos. Ello con la intención de que sea el Gobierno regional el que autorice de forma discrecional que se exonera de este procedimiento a algunos municipios, indicaron fuentes de Ciudadanos. Creen que esta iniciativa está pensada para resolver la parálisis urbanística de Cartagena, donde hay proyectos industriales e inmobiliarios bloqueados por valor de 130 millones de euros.

El otro punto controvertido es la modificación de los límites de algunos espacios naturales regulados por los PORN. Como en el caso anterior, el PP y los empresarios no fueron explícitos en cuanto a los lugares que podrían verse afectados, aunque Ciudadanos considera que están pensando en el parque regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, con la intención de darle otro uso a los linderos y las zonas de amortiguación. La promotora Inmogolf, relacionada con el 'resort' La Manga Club, presentó un proyecto para construir el complejo residencial Princesa de Atamaría, en el paraje de Huerta Calesa, que incluye la edificación de 400 viviendas.

En estos momentos, estas dos medidas controvertidas han quedado «aparcadas», informaron ayer fuentes de la patronal Croem y del Gobierno regional, todo con tal de que la ley pueda salir adelante. Los empresarios no ocultan su interés para que se presente en lo que resta de mes. El PP lo ve difícil y ha puesto tierra de por medio, dándose de plazo hasta septiembre.

Ciudadanos es más explícito, y apunta a la intervención del secretario general del PP, Miguel Ángel Miralles, a quien atribuyen la decisión de levantarse de la mesa y romper las negociaciones, después de cuatro horas sentados el martes en la sede de la patronal Croem. La formación naranja cree que el acuerdo se pudo cerrar en esa sesión, pero que no fue posible debido a los planteamientos que hizo el PP. Explicó que fue Miralles quien dijo que se ponía punto y final a la reunión «por principios», y que anunció que el PP iría en solitario para defender la ley en el Parlamento regional.

Ayer, un día después de la reunión, las tres partes parecen dispuestas a cerrar los flecos que faltan, sobre todo en lo que respecta a los usos provisionales para las empresas y negocios que están en situación de alegalidad, en tanto que obtienen la licencia municipal. A esto se suma el objetivo de reducir y simplificar los trámites administrativos. Los ajustes pendientes se refieren precisamente a la agilización de los procedimientos medioambientales y a la urgencia de dotar con más personal a la Administración regional para sacar adelante los expedientres atascados.

Un representante del Partido Popular apuntó ayer tarde que quieren ser «absolutamente respetuosos y garantistas con la legislación medioambiental» en lo que se refiere a los espacios naturales. Señaló que se puso encima de la mesa una propuesta de los empresarios «para ajustarlos a la realidad», aunque insitió en que el PP será muy escrupuloso en este punto. «Discrepamos en un 10% de la ley y nos hemos quedado a medio. Volveremos a reunirnos en septiembre porque entendemos que hay posibilidades de llegar a un acuerdo», apostilló. Si los populares registran la ley en solitario en laAsamblea Regional, Ciudadanos apoyará la parte en la que han contribuido con sus propuestas.

«Es una ley de aceleración empresarial, por eso es bueno que estén los empresarios; vamos de la mano con ellos porque son los principales protagonistas de todo el periplo administrativo ambiental, saben lo que se puede reducir y simplificar y además tienen la sensibilidad de estar en la calle y traen el pulso de lo que les duele y afecta». Así justifica el consejero Javier Celdrán, en declaraciones a 'La Verdad', la presencia destacada de la patronal Croem en la gestación y las negociaciones políticas para alumbrar la nueva norma legal encaminada a agilizar la burocracia.

Pese a las dudas de Ciudadanos, cuyo apoyo es imprescindible para que la ley sea aprobada en la Asamblea Regional, Celdrán niega que se busque un marco legal a medida de los empresarios o que vaya a suponer una desprotección indiscriminada de los espacios naturales. «De ninguna manera, para eso están nuestros técnicos y los servicios jurídicos», asegura.

En cualquier caso, los dos puntos del borrador de la ley que Ciudadanos considera «ilegales» han quedado aparcados para no bloquear la normativa –de más de noventa páginas, y que lleva ya casi treinta versiones–, a la espera de consensuar una redacción del texto que elimine ambigüedades y no pueda ser recurrida legalmente.

El primero de ellos es el «reajuste de límites» en espacios naturales cuyos planes de ordenación (PORN) se están elaborando actualmente en la Dirección General de Medio Natural. El Gobierno regional y Croem defienden que la delimitación quede fijada solo mediante real decreto, sin que sea refrendada por la Asamblea, para que sea más sencillo reducir la superficie protegida de un parque.

«Solo en el caso de que esté justificado y lo permitan tanto la legislación estatal como la europea», advierte Javier Celdrán, quien asegura que este punto de la ley no está pensado para sacar adelante ningún proyecto urbanístico concreto: «No hay nada sobre la mesa. Solo se trata de contar con una herramienta administrativa más ágil, si es que fuera necesaria, por ejemplo en el caso de un proyecto estratégico que además cuente con sus correspondientes medidas de compensación», mantiene el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.

El otro punto de fricción con Ciudadanos es la posibilidad de eludir la Evaluación Ambiental Estratégica para dejar la aprobación de determinados proyectos al criterio del Consejo de Gobierno. Celdrán asegura que este procedimiento de agilización solo estaría contemplado «para modificaciones no sustantivas, de detalle, en planes o proyectos que ya hayan pasado todos los trámites. El único objetivo es evitar una nueva evaluación que pueda prolongarse durante varios años. No es algo nuevo en España», señala Javier Celdrán, «puesto que Aragón ya lo ha incorporado».

La patronal Croem está confiada en que las discrepancias surgidas en la última reunión negociadora queden subsanadas las próximas semanas, dado que se ha decidido aparcar los dos aspectos más controvertidos. Fuentes de los empresarios apuntaron que se puso sobre la mesa una propuesta para modificar los límites de algunos espacios naturales, y atribuyeron al PP la intención de regular tres PORN, los cuales no especificó. En Croem indican que hay una sentencia del Tribunal Supremo según la cual no se pueden establecer límites en los espacios naturales y veinte años después no estar aprobados los PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales). Sobre esta base, los empresarios opinan que este fallo permite hacer algunas correcciones en estos momentos.

La patronal lleva la iniciativa en esta ley porque considera que tiene un marcado carácter empresarial, y recuerda que hubo un periodo previo de consultas con los colegios profesionales.

La reunión del martes fue relevante a tenor de sus protagonistas.Junto con Miguel Ángel Miralles, 'número dos' del PP regional, estaban el portavoz parlamentario, Víctor Manuel Martínez, y los consejeros de Fomento, de Presidencia y de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente –Patricio Valverde, Pedro Rivera y JavierCeldrán, respectivamente–. La patronal Croem estuvo representada por su secretario general, José Rosique; mientras que por parte de Ciudadanos acudieron su portavoz, Miguel Sánchez, el diputado Miguel López-Morell y los secretarios autonómicos Francisco Álvarez y Miguel López Bachero, entre otros.

Cuando se ultima esta segunda ley de simplificación administrativa, el Tribunal Constitucional dio un toque de atención al Gobierno regional sobre la primera norma en esta materia vigente desde 2016, al declarar inconstitucional una mínima pero significativa parte del recurso que presentó hace un año el PSOE. Como publicó días atrás 'La Verdad', el alto tribunal admite que el silencio administrativo, transcurridos seis meses, no se puede considerar favorable al empresario cuando se trata de poner en marcha actividades que exigen autorizaciones ambientales o evaluación de impacto.