Una abogada para defender el Mar Menor

«¿Que si esta propuesta tiene futuro? Esta batalla que acabamos de iniciar, y que será lenta, es el único futuro», mantiene una jurista hiperactiva y muy deportista que corre, nada en el mar y se desplaza en bicicleta a todos sitios. El proyecto de conceder derechos legales al Mar Menor, como si fuera una persona, está inspirado en casos como el del contaminado río Atrato (en el departamento colombiano del Chocó), con amparo jurídico reconocido en 2016 por la Corte Constitucional de ese país sudamericano en una sentencia que abrió un camino inédito para la protección y la conservación del paisaje, la flora y la fauna.

La idea de trasladar ese modelo de garantía legal a la maltratada albufera murciana surgió en el grupo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UMU, donde se redactó en sesiones intensivas –con revisión externa de expertos en Derecho ambiental y administrativo convocados para la causa– un documento que puede hacer historia en España si sale adelante. De momento han comenzado con buen pie: los miembros del movimiento vecinal Por un Mar Menor Vivo, que se desplazaron desde la Región para acompañar a Teresa Vicente, se encontraron en los pasillo de las Cortes con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien les dio «ánimos y la enhorabuena por ser tan valientes». La vicepresidenta cuarta del Gobierno se hizo una foto con una bandera reivindicativa ilustrada con un caballito de mar y facilitó que se sellara la Iniciativa Legislativa Popular. Misión cumplida en Madrid.

La pelota está ahora en el tejado del Parlamento nacional y de la Asamblea Regional, «que pueden no admitir la ILP, guardarla en un cajón o declararse no competentes», se teme Teresa Vicente, quien sin embargo destaca un dato positivo: ya han llamado la atención de organismos internacionales de protección del medio ambiente con una iniciativa legal que es «pura vanguardia jurídica», presume. «No es que estemos en la lógica, ni en la conciencia o la justicia ecológica, sino en cómo se traduce todo esto en el Derecho», advierte. «La causa de la pandemia del coronavirus es la pérdida de biodiversidad, eso está más que aceptado», señala, «así que hay que establecer una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza».

Un nuevo paradigma, propone, que sirva para superar «un insuficiente sistema jurídico y normativo» que no ha evitado la crisis ambiental del Mar Menor, un humedal blindado sobre el papel –pero solo sobre el papel– con diferentes figuras de protección locales, regionales, nacionales e internacionales que no han servido para garantizar sus valores naturales. Este gran fracaso social y político obliga a su juicio a dar un paso en otra dirección: que la ley reconozca su derecho a estar en buen estado.

«Los ecosistemas están vivos y no podemos utilizarlos, ni las personas ni las empresas, como si fueran un simple objeto. Hay que superar el marco antropocéntrico de que estamos por encima de todo, también de la naturaleza», sentencia a pocos días de iniciar un viaje en furgoneta, sin sus hijos –de 23 y 20 años– pero en buena compañía, por la costa de Andalucía y Portugal. Improvisando y sin reservas pero con los sentidos bien atentos.

«¿Qué vamos a dejar a los demás?», se pregunta quien redactó su tesis doctoral –'Justicia y derecho ambiental. Para un modelo de justicia ecológica'– en un convento de clausura de Murcia. Con el rechazo de casi todos sus profesores, que no veían mucho futuro en el tema elegido, y en una celda cedida por las monjas capuchinas. Después de dos años de trabajo, obtuvo la calificación de sobresaliente 'cum laude'. Sor Catalina sí que tuvo buen ojo.