La Abogacía del Estado cree que el Parque Cope-Calnegre no tiene validez jurídica

Y a esta postrera posibilidad quieren agarrarse los principales perjudicados, Iberdrola y la Asociación Colaboradora de Propietarios, para agotar la posibilidad de urbanizar el espacio protegido, como adelantó LA VERDAD. Su teoría es que el TSJ de la Región de Murcia anuló indebidamente la adaptación de los planes urbanos (PGOU) de Lorca y Águilas a la construcción de un gran resort turístico de 9.000 viviendas, hoteles, centros deportivos, campos de golf y una marina interior.

En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la división inmobiliaria del grupo energético y los dueños de terrenos utilizan como argumento principal que el parque regional no tiene validez legal porque carece de normativa que ordene sus usos, un trámite que debería estar aprobado hace casi treinta años.

En Prolitoral, la plataforma ciudadana que ha liderado la oposición a la desprotección de la Marina de Cope –la llanura costera de diez kilómetros de longitud, en el centro del espacio natural–, ha causado una «enorme sorpresa» la postura de la Abogacía del Estado, que se ha personado en el recurso de casación como órgano defensor de las competencias de la Administración central afectadas: dominio público marítimo-terrestre –primera línea de costa– e hidráulico –ramblas–.

En un escrito al que ha tenido acceso este diario, el abogado del Estado Manuel María Zorrilla Suárez pide al Supremo que ratifique la jurisprudencia según la cual, «si transcurrido el plazo de un año desde la declaración de parque o reserva natural no se ha aprobado el correspondiente PORN, la declaración carece de cobertura o pierde su eficacia –si ha sido efectuada por ley– o es nula –si lo ha sido por decisión administrativa–, con todas las consecuencias que de ello pudiesen derivarse».

Y pide al Supremo que devuelva la causa al TSJ de Murcia para que, de acuerdo con estas consideraciones jurídicas y obviando el efecto de 'nulidad en cascada', se dicte nueva sentencia sobre la anulación de los PGOU de Lorca y Águilas. En el caso de este último ayuntamiento, los terrenos de la Marina de Cope incluidos en el parque regional y destinados hace una década a albergar «el mayor resort del Mediterráneo» –en palabras del expresidente Ramón Luis Valcárcel—, están declarados de nuevo como suelo rural no urbanizable.

Para el abogado de Prolitoral, Eduardo Salazar, el posicionamiento de la Abogacía del Estado supone una «insumisión jurisdiccional» porque se sitúa contra «una línea marcada de forma clara en su día por el Tribunal Constitucional».

Este jurista ambiental insiste en su escrito de respuesta al recurso de Iberdrola y resto de propietarios en que el parque regional «es perfectamente válido desde el punto de vista jurídico porque se aprobó mediante una ley y con la mayoría absoluta de la Asamblea Regional».

El abogado del Estado no habría analizado «toda la jurisprudencia aplicable», según Salazar, quien estima que si el Supremo hace suyos estos argumentos, «supondría una injerencia en la voluntad popular de la Región de Murcia». El defensor de Prolitoral alude además a la 'doctrina de actos propios', según la cual «una administración no puede hacer una cosa y la contraria»; y, en el plano de los hechos, recuerda que la Comunidad Autónoma está gestionando el espacio protegido de acuerdo con las directivas europeas.

La Comunidad Autónoma, en su día impulsora de la Actuación de Interés Regional que daba cobertura legal a la urbanización del parque, ha renunciado a sumarse al recurso de Iberdrola y se aparta definitivamente del 'caso Marina de Cope'.