Divorcio en el Comité Científico del Mar Menor

El Mar Menor es un campo de minas donde la explosión sorprende en cualquier esquina. Disputas políticas, investigaciones judiciales, agricultores señalados como culpables principales, protestas vecinales y sobre todo el reproche social por tantas décadas de dejadez han sido las consecuencias más notorias de la grave crisis ecológica que ha arrebatado a la laguna buena parte de sus valores naturales desde que se desató el episodio de eutrofización de sus aguas hace ahora dos años. La tan mediática 'sopa verde'. Pero el último conflicto ha estallado en el Comité de Asesoramiento Científico, el grupo de expertos creado en julio de 2016 por la Comunidad Autónoma para que le orientase en la recuperación del humedal.

Las diferencias entre algunos de sus integrantes y en general con el Gobierno regional no eran ningún secreto, pero la relación se ha hecho tan complicada que tres de sus miembros han dimitido en los últimos días después de enviar un manifiesto muy crítico a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente que firman once de los investigadores del comité.

Las tres dimisionarias son Rosa Gómez Cerezo -profesora del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia-, Paqui Giménez Casalduero -profesora del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante- y Julia Martínez -directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro del Observatorio de la Sostenibilidad de la Región-. La renuncia del profesor de Ecología de la UMU Miguel Ángel Esteve también es inminente, según ha admitido él mismo a 'La Verdad'. Y otros siete científicos firman junto con estos cuatro críticos una dura carta en la que reclaman más autonomía para el comité, una definición clara de sus funciones y una mayor transparencia por parte de la Comunidad Autónoma.

Estos once investigadores -siete de los cuales prefieren que no trascienda su nombre, bien porque pertenecen a la Administración o porque confían en una reformulación de este órgano asesor- suponen «más del 80%» de los científicos del comité, calculan ellos mismos, porque la mayor parte de sus casi sesenta miembros proceden de la propia estructura técnica de las diferentes consejerías. Esta es precisamente una de las quejas que plantean en su escrito: su situación de minoría frente a un cuerpo de funcionarios, lo que ofrece una sensación de falsa unanimidad en torno a decisiones de la Consejería que no contarían con el apoyo del plenario del comité. O al menos de los principales expertos.

«Nos sentimos utilizados: cuando nuestras conclusiones coinciden con los intereses del Gobierno regional, se difunden a bombo y platillo; cuando discrepamos o no les gustan, simplemente no existen», resume Rosa Gómez.

«No tenemos capacidad de convocar reuniones; cuando nos reunimos se minimizan los debates científicos, incluso nos meten prisa para que terminemos y pasemos a otro tema; ni siquiera nos proporcionan un listado actualizado de los miembros del comité pese a haberlo pedido; los informes que hay que discutir nos llegan con 24 horas de antelación y otros directamente ni los recibimos», se quejan Rosa Gómez, Paqui Giménez Casalduero y Julia Martínez, quienes en general se sienten «despreciadas como científicas y tratadas como si fuéramos menores de edad. ¿Para qué molestarnos si no nos hacen ni caso?», se preguntan. «Esto parece el comité asesor de la Señorita Pepis», incide Julia Martínez.

Más reproches: actuaciones del Gobierno regional «que no son evaluadas por el comité y se realizan sin su valoración y aprobación explícita, aunque a la opinión pública trascienda generalmente que se cuenta con su apoyo». Un ejemplo: el decreto-ley de medidas urgentes para la sostenibilidad de la agricultura en el entorno del Mar Menor.

«Utilizar una y otra vez la claridad del agua como indicador de la recuperación del Mar Menor es muy poco científico», denuncia Paqui Giménez. «Eso es como si se le pega fuego a Sierra Espuña y cuando se acaba el humo nos creemos que se ha resuelto el problema», ilustra.

La carta que firman once investigadores se ampara en el Código de Buenas Prácticas de Comités de Asesoramiento Científico elaborado por el Gobierno de Reino Unido y en la metodología que rige estos órganos en Europa para exigir una preponderancia de investigadores en su composición; definición de funciones, protocolos y responsabilidades; y autonomía y capacidad de informar de forma directa a la sociedad, entre otros cambios.