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De todos los órganos de poder que Donald Trump ansiaba tener bajo su control, ninguno más anhelado que el Departamento de Justicia, al que responsabiliza ... de su vía crucis por los tribunales del país que interpreta como un intento político de evitar que volviese al poder. El viernes -madrugada de este sábado en España-, en un anticipado discurso para el que prometía anunciar importantes medidas que no se materializaron, presumió de haber despedido «a todos los fiscales radicales de izquierda pro crimen nombrados por Joe Biden», encumbró a quienes dictaron sentencias que le fueron favorables y arremetió contra la prensa «corrupta», a la que considera «brazo armado del Partido Demócrata».
Los medios de comunicación han sido desde el principio su enemigo favorito, en una clara estrategia para desacreditar de antemano las publicaciones que no le sean favorables, pero su última propuesta destila un nuevo nivel de autoritarismo: ilegalizar la cobertura mediática de sus casos judiciales porque, según él, se hace «para intimidar a los jueces». Trump sostiene que los magistrados, incluyendo algunos del Supremo, son víctima de una campaña de acoso, y él, mártir de una conjura universal.
Su apuesta por ganar las elecciones para evitar la cárcel funcionó. Desde entonces la mayoría de los casos han sido archivados o desestimados. La propia Fiscalía de Nueva York sugirió evitar una condena que hubiera sido incompatible con el ejercicio de su presidencia y, probablemente, anulada por el Supremo. Por esas mismas razones, el fiscal especial Jack Smith pidió que se retiraran los cargos relacionados con su participación en el intento de alterar los resultados electorales de 2020 y el robo de documentos clasificados que escondió en Mar-a-Lago.
La ofensiva de Trump contra la prensa incluyó ataques contra medios «corruptos» y comentaristas de televisión a los que citó con nombre y apellidos. No solo eso. En los últimos meses ha emprendido acciones legales en casos civiles contra medios de comunicación como ABC y CBS, que están optando por pagarle a título personal compensaciones multimillonarias para evitar represalias del Gobierno.
Fiel a su estilo, el carrusel legal no parará. La Justicia es el último flanco defensivo de la democracia estadounidense frente a los abusos de poder del Ejecutivo. Trump cuenta con que sus decisiones serán discutidas en los tribunales y necesita de los jueces para no tener que incurrir en una crisis constitucional que le obligue a descender aún más hacia el autoritarismo.
El presidente argumentó que la prensa ha tratado a los jueces conservadores del Supremo Thomas, Kavanaugh, Gorsuch y Roberts «increíblemente mal», con el objetivo de «torcerlos en su favor». Trump cree que la prensa «distorsiona los hechos para influir en la opinión pública y el poder judicial» y acusa a los jueces de «cosas horribles, como incompetencia» para que cedan. «Algunas veces son débiles y caen», les compadeció. Ausente de su discurso estaba la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que enfrenta un aluvión de críticas de la ultraderecha por haber dado con su voto la victoria a la minoría progresista al dictar en contra del intento de su Gobierno de bloquear 2.000 millones de dólares en ayudas oficiales. La administración aún no ha acatado la sentencia.
El acto, teóricamente dedicado a la reforma del Departamento de Justicia, derivó en un ajuste de cuentas contra fiscales, magistrados y periodistas, en el que también animó a los funcionarios de Justicia a investigar a los medios. «Expondremos de manera contundente sus crímenes más atroces y su grave mala conducta, a niveles nunca antes vistos. Será histórico», prometió. «Como también lo será para aquellos que logren destaparlo e impartir justicia».
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