Trump culpa al Departamento de Educación del fracaso escolar: «Vamos a cerrarlo»

El contenido también debería haber sido adaptado a la realidad, porque, como dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Maestros, Randi Weingarten, «si al presidente Trump no le gusta cómo funcionan los colegios, debería reclamárselo a los estados, ya que el gobierno federal no gestiona ningún colegio, salvo los de bases militares». Con todo, la orden ejecutiva firmada por el presidente sostiene que «el experimento de controlar la educación a través de los programas federales ha fracasado».

En parte, el mandatario lo admite así en la orden firmada ayer, al decir que el Departamento de Educación «no educa a nadie; mantiene una oficina de relaciones públicas con más de 80 empleados, a un costo de más de 10 millones de dólares al año.» Cerrarlo permitirá a los niños «escapar de ese sistema fallido» e implementar mejores programas, defiende la Casa Blanca. A partir de ahora la misión de este ministerio será «dar los pasos necesarios para facilitar su cierre y devolver las funciones a los estados». El plan es fortalecer la enseñanza concertada a través de colegios privados y religiosos, incentivada con cheques escolares para que los padres elijan el centro.

Con las competencias de educación descentralizadas, propias de un estado federal, la calidad de los centros educativos públicos depende de los impuestos recaudados en cada distrito escolar, lo que favorece que las familias de clase alta se muden a aquellos que más fondos les dedican. Con ello se perpetúa el perverso sistema que ofrece mejor educación a los que más tienen. Algo que intenta corregir el gobierno federal, cuyo Departamento de Educación solo proporciona el 10% de los fondos que reciben los colegios de enseñanza primaria y secundaria, mayormente destinados a los programas de discapacidades y necesidades especiales que el gobierno de Trump promete mantener. El resto de los fondos se repartirá entre otros departamentos de gobierno, «asegurándose de que no sirven para avanzar la ideología de diversidad o de género».

A falta de una mayoría absoluta el Congreso que le permita cumplir su promesa electoral de cerrarlo, la Casa Blanca se ha propuesto abiertamente debilitarlo tanto que caiga por su propio peso. «Con suerte, Linda Mahon será nuestra última secretaria de Educación», dijo ayer el presidente en el acto en el que firmó la orden que la conmina a «devolver la educación a los padres y a las comunidades», mientras se cumple su objetivo. «Queremos cerrarlo tan pronto como sea posible», reafirmó.

Le aplaudía gente como Tiffany Justice, cofundadora de 'Madres por la Justicia', que defiende evitar conversaciones raciales o de género en las aulas para que sean los padres quienes controlen el pensamiento de los hijos. Su gobierno ya había reducido en un 52% el número de empleados federales de este ministerio, con el despido o suspensión de 2.100 funcionarios, lo que no incluye al profesorado. Oficialmente el ejecutivo no puede cerrar una agencia creada por el Congreso, aunque eso mismo aplicaría a la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) o la Agencia de Protección al Consumidor, cuya suerte seguirá el ministerio de Educación. «El presidente está deliberadamente desmantelando las funciones básicas de nuestra democracia una por una», lamentó Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés)

Desde su creación en 1979, durante el gobierno de Jimmy Carter, este ministerio que también ha asegurado el cumplimiento de la desegregación racial, ha sido blanco de la derecha, que acusa su existencia a la influencia que ejercen los sindicatos en el Partido Demócrata. Ronald Reagan intentó acabar con él en los años 80, cuando prendió la idea de que los niños eran adoctrinados en las escuelas con ideas progresistas. El rechazo ideológico creció con el nacimiento de la contra cultura woke y se sumó al sentimiento antivacunas y anti mascarillas de la pandemia, convirtiéndose en eslogan de la campaña de Trump. Según este, EEUU gastó 200.000 millones de dólares durante la pandemia para garantizar la continuidad de la educación.

Su campaña añadió a ese resentimiento social el factor antiimigrante, con el argumento de que determinados estados han reducido los estándares para adaptarse a los bajos niveles que traen los hijos de inmigrantes. Como ejemplo suele poner a California o Nueva York, pero son estados conservadores como Mississippi, Arkansas, Kentucky, Luisiana u Oklahoma, gobernador por el partido conservador, los que tienen peores niveles educativos, según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo que encarga el propio ministerio. Trump compara los malos resultados de la educación en EEUU con Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, países a los que siempre ha admirado, aunque también está por debajo de España, Lituania, Letonia y Vietnam, por citar algunos de los que menos crédito reciben. En el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ocupa el puesto 28 en matemáticas y 37 en ciencias. La realidad estadística es que el 72% de los alumnos de 13 años puntúa por debajo de un nivel competente en lectura y matemáticas. La Casa Blanca culpa de ello al control que ejerce el gobierno sobre un sistema «que le ha fallado a estudiantes, padres y maestros», con la promesa de empoderar las decisiones parentales y el poder de los estados.