Masacre de fiscales en Nueva York

Sassoon es una prestigiosa abogada conservadora de 39 años, que ha servido en la oficina del juez Antonin Scalia, ha escrito un pliego de descarga de ocho páginas en la que deja claro a la fiscal general del estado, Pat Bondi, los motivos de conciencia que le impiden llevar a cabo la orden que le diera el lunes el adjunto Emil Bove para que retirase los cargos «sin perjuicio» de que puedan volver a presentarse tras las elecciones de noviembre, en las que el alcalde demócrata busca la reelección. Bove, observa, nunca ha puesto en cuestión las evidencias que prueban «por encima de una duda razonable» la culpabilidad del alcalde, ni la integridad de la investigación, que ha pasado por dos 'grandes jurados'. Si se reserva el derecho de volver a presentarlos es para poder seguir chantajeando al alcalde dependiendo de su colaboración.

Para que quede constancia de este quid pro quo que el abogado del alcalde niega, el propio alcalde y el zar antiinmigración de Trump, Tom Homan, aparecieron ayer en el programa Fox & Friends, donde Hohman anunció que el alcalde permitirá a los agentes migratorios entrar a la prisión de Riker Island en busca de inmigrantes para deportar, pese a que los detenidos allí no han sido condenados por ningún crimen, solo están a la espera de un juicio en que potencialmente podrían demostrar su inocencia. «He venido hasta Nueva York y no me iba a ir con las manos vacías», dijo con descaro Homan, ante un alcalde humillado que se sentaba junto a él. «Si no cumple», dijo Homan, «volveré a Nueva York y no estaremos sentados en el sofá», amenazó. «Estaré pegado a su culo en su oficina acosándole sin tregua y diciéndole: '¿Dónde diablos está el acuerdo al que llegamos?'.»

A esas horas, las dimisiones en la oficina del fiscal del Distrito Sur continuaban. El asistente de la fiscal, Hagan Scotten, un veterano del Ejército que sirvió en Irak suscribía a su jefa en la afirmación de que, lejos de ser premiada, la conducta del alcalde que ha cabildeado al presidente Donald Trump debía ser considerada «por lo que es», insistió, «una oferta indebida de asistencia en la aplicación de las leyes de inmigración a cambio de la desestimación de su caso».

«Si ningún abogado que tenga el oído del presidente está dispuesto a darle ese consejo, supongo que al final encontrará a alguien lo suficientemente tonto, o cobarde. Como para presentar la moción de retirar los cargos, pero no voy a ser yo», zanjó en su carta de dimisión. En Washington, Bove no se amilanó. Dio a la oficina del fiscal una hora para que alguien firmase la moción y anunció que abrirá investigaciones éticas contra aquellos que se han insubordinado. Ed Sullivan, un fiscal de carrera, se ofreció como voluntario para salvar a sus compañeros de la quema, zanjando así el caso que deja a Adams libre de la justicia, hasta noviembre, cuando Trump revise su colaboración.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que tiene potestad para retirar del cargo al alcalde de su propio partido, admitió la seriedad de lo que es un golpe al sistema de justicia y a la democracia misma. «Necesito tiempo para procesarlo y decidir la manera correcta de enfrentarlo», dijo, mientras consulta con «otros líderes de gobierno».