Crece el debate en la UE sobre cómo gestionar la inmigración irregular

Europa sufre una gran inestabilidad con la entrada irregular el año pasado de 355.500 personas, el mayor número registrado desde la 'crisis de los refugiados' en 2016. En esta situación, la política migratoria europea se encuentra en un punto clave tras el acuerdo del pasado mes de diciembre del Pacto de Migración de la UE. En términos generales, la reforma, refrendada en marzo por la Eurocámara, contempla una investigación más rápida de las llegadas irregulares, la deportación agilizada de los solicitantes de asilo denegados, la creación de centros de detención en las fronteras y un mecanismo de solidaridad para aliviar la presión de los países con mayores flujos migratorios, según el documento.

Estos territorios que constituyen la frontera sur de Europa, Italia, Grecia, Chipre, Malta y España, el denominado Med-5, celebraron el pasado mes de abril una cumbre en la que afirmaron que el pacto permitirá «avanzar en la dirección correcta» y señalaron la lucha contra las mafias que trafican con personas como uno de los principales objetivos.

Los cinco representantes pidieron a la Comisión Europea prevenir los flujos migratorios con más fondos para la cooperación en los países emisores de emigrantes. En ese ámbito, aludieron a la vigilancia y actuación de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para luchar en origen contra quienes «trafican con personas».

Europa es para quienes recurren a las mafias el lugar donde sus expectativas por tener una vida mejor y un futuro pueden hacerse realidad. La Región representa, en este contexto, una de las principales puertas de entrada de migrantes, procedentes sobre todo de Argelia y Marruecos, a través de ruta argelina del Mediterráneo occidental.

No en vano, casi 14.500 inmigrantes irregulares llegados en pateras a la Región fueron atendidos por Cruz Roja en el último lustro, según datos de la ONG.

En los últimos quince años se han producido dos hitos que han marcado un salto cuantitativo en cuanto a la llegada de pateras. Hasta el año 2016 el número de migrantes que llegaban anualmente a la Región no sobrepasaba el medio millar, pero a partir de ese momento las entradas se multiplicaron, pasando de las 538 de 2016 a las 2.109 personas de 2017. Los siguientes dos años el número se mantuvo por encima del millar y a partir de 2020, el año de la pandemia, las oleadas de pateras se dispararon. En concreto, hace cuatro años se produjo el récord de asistencia a inmigrantes ilegales, con casi 4.500 personas. En 2021, la cifra no bajó de los cuatro mil y descendió en los dos años siguientes a la mitad, con 2.822 en 2022 y 2.675 el año pasado. En el periodo actual han sido atendidos en los cinco primeros meses 322 personas y va camino de mantener los datos de las épocas recientes.

El principal drama de la inmigración irregular son aquellas personas que no llegan a la costa y mueren en el camino. Y para los que consiguen poner los pies en tierra, en muchas ocasiones su situación no mejora a la que tenían en su país. La mayoría de ellos son internados en los CIE, muchos acaban siendo devueltos y otros quedan en libertad, en una situación que les obliga a sobrevivir tres años para conseguir la residencia por arraigo social.

El mayor peso de este problema en la Región recae sobre los hombros del municipio de Cartagena. Y se ha ido enquistando en los últimos cuatro años. La crisis migratoria de 2020 provocó una situación insostenible en la ciudad portuaria, con el hacinamiento de cientos de inmigrantes en carpas instaladas en el puerto de Escombreras. Así, en 2022 se estableció un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en los terrenos militares cedidos en la zona de El Espalmador. Desde la Delegación del Gobierno se subrayó el carácter temporal del CATE hasta a su traslado a unas instalaciones definitivas. A principios de esta semana comenzó el desmontaje en el Espalmador y la mudanza al nuevo emplazamiento, un solar próximo a La Algameca Chica, que alojará a 300 inmigrantes.

Pero la recepción de inmigrantes en Cartagena no se constriñe a este emplazamiento. La oleada de cayucos de 2023 a las Islas Canarias quebró los recursos del archipiélago. La del año pasado fue la peor crisis conocida hasta la fecha. La ruta canaria fue atravesada por casi 40.000 inmigrantes, 8.000 más que los que llegaron a las costas canarias en la crisis de 2006. El Gobierno comenzó los traslados de personas a distintas provincias de la Península y Cartagena fue uno de los municipios elegidos.

Para hacer frente al acogimiento, en noviembre del año pasado, se habilitó un campamento en la explanada del antiguo Hospital Naval, unos terrenos cedidos por Defensa, con capacidad para 600 personas y que desde el Ministerio de Migraciones se dijo que estaría operativo hasta el 31 de marzo de este año. A día de hoy, el Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) mantiene su actividad gestionado por personal de la ONG Accem.

Estas instalaciones en el hospital Naval han provocado numerosas quejas vecinales, que han aumentado tras el anuncio del Ministerio de incrementar la capacidad del CAED, pasando de 600 a 772 plazas y a la confirmación de la prórroga del plazo de cierre de este campamento, previsiblemente, mientras dure la crisis humanitaria en las islas. En esta situación, el Ayuntamiento de Cartagena ha manifestado su enfado en repetidas ocasiones ante lo que consideran «incumplimientos sobre la temporalidad y el tamaño del campamento».

Desde el Consistorio defienden que la respuesta a la inmigración ilegal debe ser responsable y solidaria. «Hay que ayudar a las regiones y a los municipios que reciben pateras. A Cartagena llegan migrantes por mar y no tiene sentido que el Gobierno también los traiga en avión. De hecho, Cartagena es el único municipio al que llegan migrantes por el mar, en patera, y por aire, traídos por el Ministerio. Eso no es justo ni para Cartagena ni para los emigrantes», afirma la alcaldesa Noelia Arroyo.

Para la regidora, «no es tolerable» que la cuarta economía de la Unión Europea responda a la inmigración «levantando campamentos y no haya encontrado otra alternativa en siete meses».

La reciente aprobación del Pacto de Migración será uno de los puntos sobre los que pivotarán las propuestas sobre las políticas de inmigración de los candidatos de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Así, para Marcos Ros, actual eurodiputado y candidato socialista, asegura que la aprobación del Pacto de Migración establece «una solución europea con procedimientos confiables» que interpelan a todos los gobiernos, procedimientos predecibles, confiables y solidarios ante situaciones de emergencia migratoria. «Si se da el caso de una alta llegada de personas migrantes a las cosas de Cartagena, con este Pacto de Migración que hemos aprobado recientemente, no será solo un problema que competa a la Región y a España, la Unión Europea en su conjunto tiene un protocolo de actuación que se activará».

Por su parte, el Partido Popular defiende «una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo». El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región, Joaquín Segado, afirma que la política migratoria «debe estar sustentada en un equilibrio entre la protección de nuestras fronteras, un control eficiente de los flujos migratorios irregulares y el impulso de vías regulares de migración que estén vinculadas al mercado laboral».

El portavoz del Vox para la campaña de las elecciones europeas, José Ángel Antelo, asegura que su partido va a exigir «unas fronteras fuertes para acabar con la inmigración ilegal».

Por su parte, la candidata de Podemos, Elvira Medina, afirma que desde el partido morado «no vamos a entrar en la agenda de campaña de la ultraderecha europea. Nuestro programa se centra en los problemas reales de la gente».

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