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Pese a su derrota por la mínima en las elecciones autonómicas del 26-M, el Partido Popular está cada vez más cerca de conservar el Gobierno de la Región de Murcia, lo que le permitiría acumular 28 años al frente de la Comunidad Autónoma. Los populares tienen muy fácil alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos para la legislatura que comienza, sobre todo después de reiterar la formación naranja que el PP es su socio prioritario y tras dar a conocer el decálogo de medidas que exigirá para los pactos postelectorales en los ayuntamientos y las comunidades autónomas. PP y Cs coinciden prácticamente en todos los puntos y a priori solo Vox, cuya abstención es necesaria en la segunda votación de una sesión de investidura, puede constituir un obstáculo para que Fernando López Miras sea reelegido como presidente autonómico.
Dirigentes de PP y de Ciudadanos ya mantuvieron la pasada semana una primera toma de contacto previa al comienzo oficial de las negociaciones, que arrancarán en unos días. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo -que tiene el encargo de Génova de coordinar las conversaciones en la Región- y Francisco Álvarez, responsable de Acción Institucional de Ciudadanos en Murcia, se vieron el pasado viernes en un restaurante de la pedanía murciana Churra. Reunidos por un amigo en común, ambos políticos comieron juntos y, aunque no cerraron ningún tipo de acuerdo, sí comprobaron que las posiciones de sus respectivos partidos son coincidentes en muchos aspectos.
1 Defenderemos la unidad de España y el Estado de las Autonomías como garantía de un país de ciudadanos libres. Contemplamos la utilización de todos los instrumentos de nuestro Estado democrático de Derecho para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestra Constitución (...), incluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional.
2 Bajaremos los impuestos a las familias y empresas de nuestra Comunidad. Exigiremos al Gobierno de España que no aumente la presión fiscal sobre las familias y empresas de nuestro país. Adoptaremos las medidas necesarias para proteger a los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma. Suprimiremos el injusto Impuesto de Sucesiones en las herencias y donaciones entre parientes directos.
3 Haremos de nuestra comunidad autónoma el mejor lugar para las familias. Ampliaremos los beneficios reconocidos en nuestra comunidad autónoma para las familias numerosas y monoparentales. Aumentaremos el número de plazas de la Educación Infantil en el tramo de cero a tres años y avanzaremos hacia la gratuidad de esta etapa en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
4 Apoyaremos a los autónomos y emprendedores para que sigan creando empleo. Extenderemos la tarifa plana para los nuevos autónomos. La Administración pagará a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Simplificaremos la burocracia, avanzaremos hacia una verdadera Administración digital y estableceremos garantías para que nadie tenga que presentar un papel que ya haya presentado previamente.
5 Lucharemos contra la corrupción y suprimiremos los aforamientos. Impulsaremos una reforma del Estatuto de Autonomía que elimine el privilegio de los aforamientos. Cesaremos automáticamente a los cargos públicos que sean imputados formalmente por delitos de corrupción política hasta que se aclare su situación judicial. Aprobaremos una ley autonómica de protección de los denunciantes de corrupción.
6 Acabaremoscon los dedazosy el despilfarro. Garantizaremos la independencia, imparcialidad y profesionalidad de los servidores públicos. Aprobaremos una Ley de Despolitización de la Administración para reducir al mínimo los cargos nombrados 'a dedo'. Pondremos en marcha una auditoría que permita reorientar todo el gasto superfluo a los servicios públicos esenciales. Cerraremos todos los 'chiringuitos'.
7 Exigiremos la creación de una Tarjeta Sanitaria Única para que los ciudadanos tengan los mismos derechos en toda España. Reduciremos las listas de espera en nuestra Sanidad pública asegurando la financiación necesaria, reconociendo el derecho a la libertad de elección de especialista, ampliando el horario de consultas y quirófanos y acabando con los nombramientos 'a dedo' en la gestión sanitaria.
8 Revolucionaremos la educación y apostaremos por la transparencia y la excelencia en nuestras universidades. Garantizaremos el derecho a estudiar en español en toda España. Aumentaremos la financiación de la educación pública. Defenderemos el derecho de las familias a la libertad de elección de la educación de sus hijos y los conciertos. Garantizaremos la gratuidad de los libros de texto. Selectividad única.
9 Exigiremos un nuevo modelo de financiación autonómica más justo, transparente y sin privilegios para los nacionalistas. Defenderemos los intereses de nuestra Comunidad en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y exigiremos la contribución equitativa de todas las autonomías a la solidaridad territorial, sin excepciones ni privilegios. Nos opondremos a cualquier pacto bilateral.
10 Garantizaremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defenderemos los derechos de las personas LGTBI y erradicaremos la lacra social de la violencia machista. No daremos ni un paso atrás hasta acabar con la violencia y la discriminación que sufren las mujeres. Pondremos en marcha todas las medidas acordadas en el Congreso de los Diputados en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
«Fue un encuentro informal y público, pues no estábamos en ningún reservado sino a la vista de todo el mundo», confiesa el alcalde en funciones de San Javier, quien admite que, por lo que escucha de los dirigentes nacionales de Cs, ve «muchas posibilidades» de suscribir un pacto que permita a su partido retener la Comunidad. «La Región de Murcia votó mayoritariamente por el centro derecha en las elecciones del 26-M y tenemos el deber de ponernos de acuerdo para que la voluntad de los murcianos se refleje en el Ejecutivo», añadió Luengo, que ayer tenía intención de ponerse en contacto con los responsables autonómicos de Ciudadanos y de Vox para reunirse con ellos, por separado.
Por su parte, preguntado por 'La Verdad' sobre la comida con José Miguel Luengo, Francisco Álvarez no quiso ni confirmarla ni desmentirla, aunque sí aseguró que no hay conversaciones secretas con ningún partido y que las negociaciones para un futuro pacto de gobierno, sea con PP o con PSOE, se harán «con toda la transparencia del mundo».
Paradójicamente, la única posibilidad de que el PSOE de Diego Conesa pueda gobernar la Comunidad Autónoma pasa ahora mismo por Vox, una formación que está en las antípodas de los socialistas.
La ejecutiva nacional de Ciudadanos cerró la puerta ayer, por unanimidad, a sentarse en una mesa de negociación a tres con el PP y con el partido que lidera Santiago Abascal, descartando completamente que este último pueda formar parte de un Gobierno en el que estén miembros de Cs, según señaló su secretario general, José Manuel Villegas.
No obstante, para que un acuerdo entre PP y Ciudadanos en la Región llegue a buen puerto se requiere que Vox dé su beneplácito, pues los populares y la formación naranja suman 22 escaños, uno por debajo de la cifra que les daría mayoría absoluta en la Asamblea Regional. Por tanto, populares y liberales necesitarían el voto a favor de los cuatro diputados regionales de Vox en una primera votación de investidura o su abstención en la segunda. La idea que manejan en Ciudadanos pasa por la repetición de la jugada de Andalucía, donde se firmó un acuerdo con los populares y luego estos se encargaron de recabar el apoyo parlamentario de la organización de Santiago Abascal.
José Miguel Luengo. Partido Popular
Pero a los dirigentes territoriales de Vox les molesta el trato que les dispensa Ciudadanos. «Si no se sientan con nosotros, no pueden esperar nada de nosotros», manifestó el portavoz de Vox en la Región de Murcia, David Ibáñez, que se muestra sorprendido por la actitud de los de Albert Rivera de negarse a conversar con ellos «cuando dialogar es un ejercicio democrático».
La dependencia de Vox no se limitaría a la investidura, ya que ese hipotético Gobierno de PP y Ciudadanos precisaría asimismo de su apoyo para sacar adelante las leyes que lleve a la Asamblea Regional, entre ellas la de los Presupuestos de la Comunidad de cada uno de los próximos cuatro ejercicios. Un aviso a navegantes es lo que ha ocurrido en Andalucía, donde Vox anunció ayer una enmienda a la totalidad a las primeras cuentas de Juan Manuel Moreno Bonilla, reclamando que el Parlamento andaluz las devuelva al Ejecutivo para que las rehaga.
Además, otro aspecto que podría alejar a Vox de Ciudadanos es el décimo punto del decálogo que aprobó ayer la ejecutiva de la formación naranja. «Garantizaremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defenderemos los derechos de las personas LGTBI y erradicaremos la lacra social de la violencia machista», señala el documento. Los candidatos regionales de Vox han insistido durante la campaña en que cualquier partido que quiera pactar con ellos deberá comprometerse a derogar la Ley LGTBI que se aprobó en la Asamblea Regional, con el voto favorable de todos los grupos, en esta última legislatura.
Francisco Álvarez. Ciudadanos
Si Vox se mantiene en sus trece y frustra un posible gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en la Región, quedarían dos opciones: que se repitan las elecciones o que la formación naranja explorara la vía de los socialistas, con quienes sí suman mayoría absoluta.
En este sentido, la ejecutiva de Cs no descartó completamente acuerdos con el PSOE. Además, rebajó su exigencia inicial de cualquier barón socialista que quiera el apoyo de Ciudadanos debería renegar de la política territorial de Pedro Sánchez. El decálogo solo incluye un punto en el que se habla de aplicar el artículo 155 en Cataluña «en caso de que el Govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional». Villegas, no obstante, reiteró que el pacto con el PSOE, al que calificó de «subsidiario», solo será posible si fracasa la opción del PP.
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