Peligrosos discursos del miedo

Son otras promesas que se oyen en esta campaña las que me inquietan porque son socialmente dañinas. Promesas que además de irrealizables, desprenden los peores aromas de esa antipolítica populista, esa que utiliza como estrategia partidista y electoral la crítica a los partidos tradicionales ofreciendo soluciones mágicas a problemas complejos y de dimensiones transfronterizas, como la inmigración. Que el aspirante de Vox a presidir la Comunidad, José Ángel Antelo, prometa que cerrará el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena y asegure que «la inmigración ilegal es sinónimo de delincuencia» me parece un exceso que no responde a la realidad del drama humanitario de quienes se juegan la vida en el mar huyendo del hambre y las guerras, muchas veces empujados por mafias que se lucran con su desesperanza. Así lo entienden Cruz Roja, Unicef y otras organizaciones que están en primera línea encarando este gigantesco fenómeno, que en ningún caso se resolverá cerrando el CATE, como propone ese partido. Podrá estar en un lugar poco idóneo, pero volver a las tiendas de campaña en el muelle de Carbón es implanteable por múltiples razones.

El problema de la inseguridad es un asunto serio. El último balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior refleja un repunte en la Región de Murcia que hasta entonces venía negando el delegado del Gobierno y hoy candidato del PSOE, Pepe Vélez, pero vincular ese fenómeno exclusivamente a la inmigración ilegal carece de la más mínima evidencia.

Los discursos del miedo son tan peligrosos como los que incitan al odio, aunque a diferencia de estos últimos no están prohibidos en las redes sociales ni son tipificados como delito en la Unión Europea. La razón de esa peligrosidad reside en que el miedo es el componente clave cuando las personas sienten que deben atacar para defenderse. No es necesario sentir odio para responder con violencia. Aumentar las plantillas de policía, como proponen Vox y otros partidos, probablemente sea necesario, aunque no sé si en la magnitud propuesta en esta campaña electoral de exageradas ofertas. Lo que no cabe es presentar a los inmigrantes ilegales, especialmente a los menores extranjeros no acompañados, como un colectivo uniforme que constituye una terrible amenaza vinculada a la delincuencia, aunque se den casos delicuenciales. Sencillamente, no es verdad. En España, según datos de Unicef, hay 7.265 menores llegados irregularmente, que están principalmente en Andalucía y Canarias. Sesenta y nueve, según datos del Gobierno, fueron repatriados a sus países de origen en esta legislatura. Lo que es verdaderamente indubitable es la obligación, moral y legal, de brindar especial protección a los menores de edad, sean de donde sean.