Quién debe pagar la nueva tasa de basuras: así te puede afectar si vives de alquiler

Este mes de abril entra en vigor la nueva tasa de basuras, establecida por la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa adapta la legislación española a los objetivos europeos en materia de gestión de residuos. Una de las particularidades de esta medida es que refuerza el principio de «quien contamina, paga», lo que ha generado dudas entre quienes viven de alquiler.

Hasta ahora, en algunos municipios, la tasa de basuras podía estar incluida en el IBI, en la factura del agua u otros impuestos. Sin embargo, con la nueva legislación, este impuesto se cobrará de forma independiente, lo que supondrá cambios en la forma de pago para muchos ciudadanos.

La nueva tasa afectará a todas las personas que tengan o alquilen una vivienda o local comercial en municipios de más de 5.000 habitantes. Esto significa que tanto propietarios como inquilinos deberán hacerse cargo del pago. La tasa se aplicará de manera generalizada, independientemente de si el municipio ya tenía una tarifa de recogida de residuos, con el objetivo de unificar costes y garantizar el cumplimiento de los estándares medioambientales de la Unión Europea.

Según la ley, la obligación de pagar la tasa recae sobre el usuario que genera los residuos. En el caso de viviendas en alquiler, esto significa que el inquilino deberá asumir el coste, ya que es él quien utiliza el servicio de recogida de basuras. No obstante, el contrato de alquiler puede establecer que el propietario se haga cargo del pago o que ambos lo compartan. Es importante señalar que, para que el inquilino sea considerado responsable del pago, debe tener un contrato de al menos 11 meses.

El coste de esta nueva tasa variará en función del municipio y del tipo de propiedad. Se estima que el importe anual oscilará entre 50 y 150 euros, con una media de 92 euros por vivienda. En grandes ciudades como Madrid, donde la gestión de residuos tiene costes más elevados, la tasa podría ser más alta. En el caso de locales comerciales o industriales, el importe será mayor, ya que su producción de residuos es más elevada.

Para reducir el impacto económico de este nuevo impuesto, algunos municipios están valorando la posibilidad de ofrecer descuentos en otros tributos, como el IBI, así como bonificaciones para quienes reciclen activamente o ayudas específicas para familias con bajos ingresos.

El artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que: «Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.» En este sentido, hay dos formas de gestionar el pago de la tasa:

- Incluir la tasa en el alquiler mensual: El propietario puede aumentar la renta mensual para cubrir el coste del impuesto, de modo que el inquilino lo pague de forma indirecta.

-Acuerdo para que el inquilino pague directamente la tasa: La ley establece que el responsable del pago debe ser quien genera los residuos, es decir, el inquilino. No obstante, esto debe quedar reflejado en el contrato de alquiler.

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