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Los funcionarios han decidido pasar a la acción. Ante la negativa del Ministerio de Función Pública a convocar la mesa de negociación que debe fijar ... la subida salarial de los empleados públicos de este año y los siguientes y un paquete pendiente de mejora de las condiciones laborales del colectivo, el colectivo se movilizará contra el Gobierno el próximo 19 de marzo frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Esta será solo la primera fecha del calendario de protestas convocado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se ampliará después en toda España.
El sindicato más representativo en las administraciones públicas denuncia que los funcionarios han perdido desde 2022 un 9% de su salario real y más de un 20% desde los recortes de 2010. Y más de un 20% desde los recortes de 2010, con los recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, pese a ello, el Ejecutivo sigue sin pagar a los funcionarios parte de la subida salarial correspondiente a 2024 y aún no ha convocado la negociación colectiva para establecer las próximas alzas salariales. Una subida que para CSIF deberían ser automáticas, como ocurre con las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI).
En este sentido, esgrimen que los empleados públicos continúan sin ingresar el 0,5% adicional de subida salarial que les corresponde del año 2024. En concreto, el acuerdo marco de 2022 establecía una subida fija del 2% para 2024 además de un 0,5% adicional si la inflación acumulada durante el periodo del acuerdo superaba el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%). Para este sindicato este impago junto a la no reactivación de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, entre ellas, un nuevo acuerdo retributivo, supone un «abandono» digno de protesta.
Entre otras demandas, exigen abordar temas pendientes como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, estudiar la aplicación de la jornada laboral de 35 horas y un plan de estabilización de plazas de personal interino. A 31 de diciembre la cifra no debía superar el 8% del total. También piden estudiar la aplicación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo, la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y la mejora de las condiciones de jubilación y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.
El sindicato muestra su «preocupación» por «la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos por su debilidad parlamentaria, que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado». Según los datos que maneja CSIF, el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años. Una circunstancia «pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración», advierten. En el ámbito sanitario denuncian que e «las plantillas están envejecidas y son escasas en muchas especialidades (como Atención Primaria), lo que provoca la saturación de los centros de salud y de las urgencias hospitalarias». Y en la Educación recuerdan que «la escuela pública reabre cada año las aulas con déficit de docentes y alta tasa de interinidad».
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