El PP buscar obligar por ley un aplazamiento del cierre de las centrales aunque las propietarias no quieran prorrogarlo

Esta proposición de ley, a diferencia de la iniciativa que salió adelante en febrero con la abstención de Junts y ERC, sí será vinculante en caso de prosperar. Sin embargo, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo reconoce que no tiene aún atados los apoyos parlamentarios necesarios.

Y el momento elegido no es casual. La semana pasada, Iberdrola -propietaria mayoritaria de Almaraz- reconoció contactos con el Gobierno para estudiar distintas posibilidades sobre la prórroga del cese de las nucleares pese a que desde el departamento que dirige Sara Aagesen aseguran que no hay novedades al respecto.

El texto registrado, con cuatro artículos y cuatro disposiciones, deja fuera el tema de la fiscalidad, que es el asunto mollar que las titulares consideran necesario revisar para sentarse a negociar. Y esta decisión no es baladí. Por un lado, porque al dejarla fuera de la proposición se asegura que el Gobierno no vete la iniciativa alegando que su aprobación provoque una merma de los ingresos presupuestarios.

Y, por otro, porque devuelve la patata caliente a Enresa. La iniciativa de los populares da un plazo de tres meses a la empresa pública para que actualice el Plan General de Residuos Radiactivos considerando los nuevos años de operación y para que reformule la tasa que cobra a los dueños para la gestión de estos materiales. No obstante, los populares obvian las tasas autonómicas de Extremadura y Comunidad Valenciana, donde gobiernan, y que supone una parte importante de la carga fiscal.

Las dueñas de las centrales llevan años pidiendo una revisión del marco fiscal que hace que la fiscalidad se haya incrementado más de un 70% en los últimos cinco años y que entre 2025 y 2030 supondrá más de un 40% de sus costes totales, según los cálculos de PwC. A la citada tasa Enresa se unen otros tres gravámenes:el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto por el combustible gastado y las ecotasas establecidas por las comunidades autónomas por razones de medio ambiente. Y a estas hay que añadir otros pagos como el IBI, el IAE o el pago de servicios como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La suma de todos estos tributos eleva la factura a 28 euros MWh. Una cifra muy por encima de la de otros países europeos

En los artículos 3 y 4 pide que se actualicen dos planes: el PNIEC, par ajustar los objetivos a la realidad y la actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional que lleva sin actualizarse desde 2020.

En sus disposiciones adicionales, los populares prevén derogar las órdenes de cierre que el Gobierno ya ha sentenciado en reales decretos para Almaraz I y II (Cáceres) y para Cofrentes (Valencia) y contemplan la posibilidad de reabrir una instalación nuclear una vez haya concluido su actividad en el plazo de un año desde su cese, bajo los requisitos y el visto bueno del CSN, lo que tendría sentido en el caso de Almaraz, que es la primera con el calendario de cierre en contra.

«La ceguera del Gobierno nos lleva a España al apagón y la renuncia nos convertirá en una excepción marginal en Occidente», alertó este viernes la senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible Paloma Martín.

Para el PP, alargar la vida de las nucleares «es una cuestión urgente», recalcó en un briefing con periodistas. «No es una opción, es una necesidad. Estamos en tiempo de descuento». A su juicio, cerrar la nuclear ahora será un decisión de difícil reversión. «El Gobierno quiere cerrar la energía nuclear sin que exista una alternativa más allá de quemar un gas que, simplemente, no tenemos», justificó Martín.

El PP destaca la «ventaja competitiva» de España respecto a otros países europeos y la situación de «desventaja» en la que quedaría nuestro país en caso de renunciar a ella. «Europa está trabajando para reducir nuestra antigua dependencia energética», destacó Martín, recordando que en la actualidad existen 103 reactores nucleares en acción en la región que suponen el 26% de la electricidad que se consume y otros tres en construcción, dos en Eslovaquia y uno en Francia.

Tras desglosar un torrente de datos y referirse a las conclusiones del informe Draghi y del último informe de la Agencia Internacional de la Energía, el PP denunció «la ceguera del Gobierno», que nos lleva a es «apagón» al renunciar a esta fuente de energía que es «predecible y estable» recordando que la nuclear «no se puede sustituir íntegramente por energía renovable a día de hoy».