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María Ramírez
Jueves, 28 de noviembre 2024, 09:30
Las deudas tributarias, ya sea ocasionadas por falta de recursos o por un simple descuido, pueden acarrear consecuencias de gran envergadura. A pesar de que el impago no sea de un importe elevado, Hacienda puede aplicar intereses por el retraso. Además, en los casos más graves, el organismo puede proceder a realizar embargos de cuentas bancarias o propiedades del titular.
Hay distintos métodos para conocer si una persona tiene un cargo pendiente con la Agencia Tributaria. Uno de los medios de comunicación que emplea la institución es el de la carta certificada, que llega al domicilio fiscal del ciudadano involucrado. No obstante, una opción más cómoda para conocer si todos los pagos están al corriente es a través de su aplicación oficial.
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De este modo, con el dispositivo, el contribuyente podrá solicitar aplazamientos totales o parciales, consultar el estado de sus deudas y realizar los ingresos correspondientes, entre otros trámites. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas pueden pagarse a plazos, ya que se establecen ciertos requisitos y limitaciones para conceder aplazamientos.
Hacienda indica que la división de pagos se puede solicitar en aquellas «cuya gestión recaudatoria corresponda a la Agencia Tributaria, salvo que se trate de deudas derivadas de delito contra la Hacienda Pública». Asimismo, señala que tampoco son objeto de fraccionamiento las de «responsabilidad civil y multa cuya competencia sería el juzgado».
En este sentido, enumera siete casos en los que las deudas son inaplazables. En primer lugar, aquellas cuya exacción se realice a través de un documento que expide la Administración y que lleva un sello llamado timbre. Tampoco las que correspondan a «obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta».
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En el caso de que una persona se acoja a un proceso concursal, esta no podrá pedir la partición sobre aquellos impagos que se consideren créditos contra la masa. Dicho de otro modo, aquellas deudas que se estimen que tengan prioridad frente a las demás. Otro supuesto es la recuperación de ayudas de Estado que han sido declaradas ilegales y que están reguladas en el título VII.
El organismo también incluye a las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. Misma situación para aquellas que deriven de tributos que deben ser legalmente repercutidos, a excepción de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido pagadas.
Finalmente, en el listado también aparecen las obligaciones tributarias que deben cumplir aquellos contribuyentes que realizan pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Es importante señalar que el abono puede ser efectuado por una persona distinta al deudor.
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