La reducción de la jornada laboral alcanzaría en la Región de Murcia a más de 420.000 asalariados

Una circunstancia que se debe en parte al enorme peso en nuestro territorio de los sectores de agricultura, hostelería, comercio y otros servicios, que con la nueva reforma en tramitación se verían especialmente afectados. Por lo menos esos son los cálculos que maneja el Ministerio de Trabajo y Economía Social en función del análisis de las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE, y de los registros que marcan las condiciones establecidas en los convenios colectivos en la Comunidad.

Por ello, es evidente que el hecho de que apenas ocho de cada cien asalariados murcianos estén dentro del nuevo parámetro que se establece, tras aprobarse en el Consejo de Ministros el denominado 'Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión', obligará a las empresas regionales a llevar a cabo un mayor esfuerzo de adaptación, con el correspondiente coste económico. Algo que podría ser un gran lastre para muchas micropymes.

Y es que la Región ocupa el sexto lugar por la cola del país en cuanto a las jornadas medias pactada en los convenios laborales con 37,5 horas o menos. En concreto, solo supera a La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Esta última cierra el ranking con una tasa del 6,9% de trabajadores. Todas ellas muy alejadas de los registros más elevados en este apartado que se producen en Navarra y País Vasco, con un 40,4% y 51,7%, respectivamente. Ambas muy por delante de todo el resto.

Las primeras estimaciones manejadas sobre el impacto económico de esta reducción de horas laborales en las actividades de los servicios, particularmente en el caso de la hostelería y el comercio, elevarían la factura para los negocios regionales alrededor de los 450 millones de euros, tal como publicó LA VERDAD el pasado 5 de febrero, según la previsión de sus organizaciones sectoriales. Aunque la realidad es que ese importe sería finalmente muy superior, casi se duplicaría, al tener en cuenta el montante global de todo el tejido productivo.

La Confederación Regional de Empresarios de Murcia (Croem) recuerdan que las estimaciones nacionales que se han realizado por CEOE, cifran en 23.000 millones de euros el coste adicional para las empresas en España. Y es que, en conjunto, serían más de 12 millones de trabajadores afectados en España por esta medida, mientras que la cantidad a afrontar por empleado afectado podría ser de hasta unos 2.000 euros.

En función de esos números que maneja la patronal y de los casi 430.000 trabajadores que calcula el Ministerio que se beneficiarán en la Región con este cambio normativo, el coste definitivo sería superior por tanto a los 856 millones de euros.

Desde los sindicatos, en cambio, se hace un análisis muy distinto. CC OO-RM ha dejado claro que «es una muy buena noticia, que va a permitir un mejor reparto del trabajo, un aumento de la productividad de las empresas, mayores niveles de conciliación de la vida laboral y familiar y acercar la jornada de trabajo media regional al resto del país». Así lo expresaba esta pasada semana su secretario de Empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva, Víctor Romera.

Igualmente, UGT reivindica «la materialización de una reivindicación sindical inaplazable como es la reducción de la jornada laboral», mientras denuncian «el abuso de las horas extraordinarias y de la contratación a tiempo parcial, bajo el pretexto de una supuesta flexibilidad que solo beneficia a las empresas», tal como señaló su vicesecretaria general, María Eugenia Pérez Parra, en la valoración de los datos del paro.

El informe ministerial sobre el porcentaje de trabajadores por tramo de jornada pactada refrenda que la Región es la segunda comunidad con una mayor porcentaje de asalariados que trabajan más de 39,5 horas semanales. Hasta una cuarta parte. Solo la supera Canarias con más de un tercio (35,4%). Mientras que País Vasco y Navarra se limitan a unos residuales 1,2% y 1,3%, respectivamente.

Con todo, para el secretario general de Croem, Ramón Avilés, «el anteproyecto de ley aún tiene recorrido porque falta su tramitación parlamentaria», a la vez que incide en que «se ha elaborado sin tener en cuenta la mesa de diálogo social, por lo tanto la parte empresarial no puede aceptar que no haya habido interlocución suficiente». Aunque avisa de que «no hay que descartar que el anteproyecto incluya excepciones, y eso se verá en los próximos meses porque todavía queda tiempo por delante para que el texto sufra modificaciones». Eso sí, hace hincapié también en que «esta situación genera incertidumbre y desconfianza entre las empresas». Así, aclara que van a realizar un sondeo entre las sectoriales para calcular «el impacto real de la medida en el tejido productivo de la Región».

Un reciente informe de la plataforma Injobobs, referente en España para encontrar oportunidades profesionales, revela que «la posible reducción de la jornada laboral pone a prueba la productividad», con una media que se sitúa ya en las 36 horas en el conjunto del país. Su directora de Estudios y Comunicación, Mónica Pérez, subraya «la importancia de acompañar cualquier reducción de la jornada laboral con medidas que impulsen la eficiencia».

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), Eduardo Abad, sostiene que «es absolutamente falso que la competitividad de ningún negocio esté directamente ligada al tiempo de trabajo». Al contrario, cree que para sectores como la hostelería y el comercio «va a suponer una mejor fidelización» al mejorar las condiciones laborales.