La patronal pide menos trámites y más apoyo para los fondos europeos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha esforzado en presentar estos aluviones de dinero como palancas de desarrollo con condiciones «ventajosas y a largo plazo». Y, entre críticas de las regiones gobernadas por el PP, ha asegurado que las autonomías «tendrán un papel protagonista para decidir qué proyectos serán financiados» y «supervisar» los instrumentos financieros.

Cuerpo ha animado a autonomías y sector privado a presentar iniciativas en las «áreas prioritarias». Sobre el FRA, citó vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados; gestión de aguas y residuos; y transición energética. Y sobre los préstamos ICO, mencionó estos: transporte sostenible, eficiencia energética, energías renovables, descarbonización de la industria, gestión del agua, economía circular y adaptación al cambio climático.

En la Región, la Comunidad Autónoma y la patronal Croem no lo ven claro. Muestran interés por los fondo, pero piden mejores condiciones, menos burocracia y más plazo de ejecución. «Según un informe del Consejo Económico y Social de la Región (CES) de julio de 2023, los principales puntos negros de los fondos 'Next Generation' en la Comunidad son la falta de transparencia, sobre todo en datos de ejecución real, la gestión excesivamente centralizada y el nivel de ejecución inferior a lo deseable», recordó a LA VERDAD el secretario general de Croem, Ramón Avilés. Y destacó dos «recomendaciones y propuestas de carácter regional para la gestión estatal y para la autonómica, de cara a la configuración de las ayudas en la fase 2 del Plan de Transformación».

Los empresarios sostienen que «la Comunidad debería reforzar los sistemas de asesoramiento y gestión de ayudas 'Next Generation', agilizar su concesión con menos trabas burocráticas y promover una mayor especialización del personal dedicado». Croem, cuyo nuevo presidente es Miguel López Abad, añade que «debería poner en marcha una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos, en colaboración con las organizaciones empresariales más representativas». Y sostiene que «se debería colaborar más en la identificación de necesidades financiables con fondos europeos».

También cita un informe de la CEOE según el cual las pymes murcianas se han adjudicado 90,63 de los 790,9 millones en ayudas directas asignadas a la Comunidad, solo el 11,4%. El resto fue a grandes empresas, lo que deja la Región como la quinta con menor peso, tras Cantabria, La Rioja, Navarra y Asturias. Sumando el dinero gestionado por los ministerios, la Región tiene asignados más de 2.000 millones.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, que dirige Luis Alberto Marín, responden que «en la página web 'Next Carm' está recogida toda la información de las convocatorias, los contratos y la ejecución»; y que «la Región es una de las comunidades que mejor está ejecutando los fondos, a pesar de la descoordinación en su diseño y condiciones, porque el Estado ha dejado a comunidades y ayuntamientos como meros ejecutores». Además, recordaron que ya hay una oficina de atención a empresas, autónomos y entidades locales. «Se puede solicitar cita 'online' para reuniones presenciales en Murcia y en Cartagena», indicaron. Y citaron las «numerosas jornadas y cursos de formación y asesoramiento» celebrados.

El Gobierno regional estudia si pide préstamos, pero no desvela para qué ámbitos. En las últimas dos décadas, ha financiado con préstamos del BEI la autovía del Noroeste; la reconstrucción y rehabilitación de edificios y carreteras en Lorca tras los terremotos de 2011; y los hospitales Reina Sofía, Santa Lucía y Mar Menor. Se da la circunstancia de que el CES ha pedido un plan de financiación de autovías y otras infraestructuras.

La Comunidad rechaza que los préstamos para proyectos públicos computen como deuda (tiene ya un 'agujero' de 12.356 millones) o déficit, y que ello reduzca el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Con él afronta gastos en sanidad y educación. Y, sobre las iniciativas privadas, le genera dudas el hecho de que «la Comunidad tendría que actuar como garante».

Asimismo, pide una cuantía mínima por autonomía, porque la Región tiene «un tejido empresarial con menor capacidad de desarrollar proyectos de grandes cuantías» respecto a otros territorios. Y ve «imposible» ejecutar los contratos «antes de agosto de 2026».

«Lo que queremos desde el Gobierno es que todos los proyectos tengan acceso a la financiación», aseguran a LA VERDAD fuentes del Ministerio de Economía. Sobre la Región, en el departamento de Carlos Cuerpo agregaron: «Iremos intentando responder a las necesidades que surjan. Para las comunidades más pequeñas, para las cuales sea más difícil levantar proyectos de gran volumen, el FRA no tiene una cantidad mínima de inversión. Habitualmente, la financiación mínima que provee el BEI con recursos propios es de 25 millones de euros. Veremos si es necesario o no proteger parte de estos fondos para las comunidades con menor absorción, para evitar que la fuerte utilización por unas comunidades deje sin fondos a las demás. Así se lo hemos trasladado a los gobiernos autonómicos, para que no tengan esta preocupación», indicaron. Hay 3.500 millones para el sector público regional en toda España y 16.500 millones para proyectos privados.

En Economía, aseguran que para los fondos públicos del FRA, cofinanciados por el BEI, «se exige que el 90% de la parte financiada por el FRA esté ejecutada para mediados del año 2026». «Con respecto al total del proyecto, apenas estaríamos hablando de un 36%. Esto da un poco más de margen para que se puedan ejecutar a tiempo» los proyectos, indicaron. Para el sector privado solo se exigirá «que se haya formalizado el contrato» en esa fecha.

Para el Ministerio, que los créditos para proyectos públicos computen como deuda «no debe opacar el acceso a financiación en condiciones ventajosas a proyectos en las regiones, que crearán prosperidad». Y concluyen: «Este endeudamiento es más barato y con condiciones favorables en cuanto a plazos largos (de hasta 20 y 30 años), periodos de carencia y flexibilidad en los desembolsos».