El Ministerio retiene fondos de la financiación a la Comunidad y pagará directamente a proveedores

El Ministerio de Hacienda ha cumplido su advertencia y, a través de una carta a la Consejería de Hacienda, anuncia que va a retener dinero de la liquidación del sistema de financiación autonómico y será este departamento el que se encargue de realizar los pagos a los proveedores de la Comunidad. Esta medida pone en serios aprietos a la Comunidad autónoma, ya que compromete la liquidez de su tesorería.

Se trata de una intervención en la gestión económica de las cuentas de la Comunidad que está prevista por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque solo se ha aplicado excepcionalmente hasta la fecha en un par de comunidades autónomas.

La decisión de Hacienda fue conocida este martes por el Gobierno regional a través de un requerimiento con fecha del pasado viernes, el día que el presidente Sánchez sobrevoló la Región para observar los efectos de la borrasca 'Gloria', sin que se produjera el encuentro solicitado por el presidente López Miras y poco antes de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos para 2020.

La decisión política de la ministra ha causado preocupación y malestar en el Gobierno regional, que achaca los retrasos en el pago a proveedores a la asfixia que produce el actual modelo de financiación autonómica y al retraso en el pago de las entregas a cuenta por parte del Estado. En el requerimiento enviado por el Ministerio se comunica que solicitará al Interventor de la Comunidad Autónoma la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación. Una vez calculada esa cantidad, el Ministerio detraerá esa cantidad a enviar al Gobierno regional y pagará directamente a los proveedores de la Administración regional.

De esta forma, el departamento dirigido por María Jesús Montero cumple el aviso que formuló el pasado mes de diciembre y que adelantó LA VERDAD. A través de la Secretaría de Estado de Hacienda, alertó de que el periodo medio de pago de la Comunidad se encontraba en 89,5 días, el triple del plazo máximo, y que existía la posibilidad de «iniciar el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores», tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta norma establece que las comunidades que rebasen durante dos meses seguidos el plazo máximo permitido de 30 días en el pago a proveedores deberán aplicar una serie de medidas preventivas y correctoras para bajar dicho período.

A la Comunidad Autónoma ya se le avisó de que debía adoptar estas medidas, que implican restricciones en el gasto y mayores controles del Ministerio, a raíz de los datos de morosidad de marzo y noviembre de 2016. En agosto pasado, el pago a proveedores acumulaba un retraso medio de 72 días y en septiembre roza ya los 90 días.