Agilidad y celeridad para beneficiar al ciudadano

La figura del procurador de los tribunales es histórica, pero con una gran proyección de futuro. Somos los profesionales del derecho que mejor hemos evolucionado, adaptado y transformado de una forma sin precedentes a la transformación digital que hoy vivimos, liderando el uso de las herramientas digitales relacionadas con la Administración de Justicia y, a su vez, disminuyendo la brecha digital existente entre el ciudadano y la Administración de Justicia. Un gran esfuerzo de este colectivo que nos ha reportado que la inmensa mayoría de los despachos de procuradores se encuentren totalmente digitalizados, contribuyendo con ello a agilizar e impulsar todas nuestras actuaciones.

Igualmente, nuestra intervención en los procedimientos de reclamación de las cuotas de las comunidades de propietarios implica implementar a este tipo de procesos judiciales la agilidad y celeridad propias de la procura, por la doble condición que tiene el procurador actual, el procurador del siglo XXI, el procurador como un 'jurista-tecnólogo'. El concepto 'jurista', como especialistas en derecho procesal, parte de implementar en este tipo de procedimientos nuestra garantía al acceso a la tutela judicial en los trámites procesales, y el concepto 'tecnólogo', por ser profesionales del derecho preparados en la era digital y en el uso de las herramientas digitales propias de la Administración de Justicia, así como en nuestra relación con otros operadores jurídicos.

¿Y cómo o de qué forman actúan los procuradores de los tribunales para implementar esta celeridad en este tipo de procedimientos, que, por lo general, son la reclamación de cuotas a los comuneros morosos? Los procuradores nos encargamos de realizar de forma personal los actos de comunicación al demandado, ya que, al disponer de una parte de la función pública inherente a nuestro cargo, notificamos nosotros mismos –de forma personal– a los demandados, desplazándonos a sus domicilios, ya sean viviendas o negocios, con lo que impulsamos ese primer paso tan importante del procedimiento como es el requerimiento, notificación y emplazamiento al demandado, no dependiendo del personal de auxilio de Justicia ni del personal de Correos, funcionarios que soportan en su día a día un gran volumen de trabajo. De esta manera, nosotros realizamos estos actos de comunicación, impulsando al proceso en esta primera parte un 80% de celeridad.

Una vez tengamos la resolución judicial donde se reconozca la existencia de la deuda, nos encargamos de impulsar su ejecución, utilizando los medios de los que disponemos, en concreto, nuestro Depósito de Bienes Muebles del Colegio de Procuradores de Murcia, uno de los pocos que existen en España y el único en la Región de Murcia. Este depósito de bienes asume la custodia, cuidado y conservación de los mismos para que no se deterioren con el paso del tiempo y así poder obtener una mayor rentabilidad para su ulterior realización o subasta.

Destacando bajo mi punto de vista la importancia del embargo de todo tipo de bienes muebles como forma de poder hacer frente al impago de cuotas, además de nuestro propio 'Portal de Subastas de Procuradores'. Este portal tiene el objetivo principal de dotar al bien embargado que se va a subastar de la mayor rentabilidad posible, para cubrir la deuda y los gastos de pleito, aportando a este portal transparencia, seguridad y eficacia.

Así y para finalizar, los procuradores de los tribunales, y en concreto los procuradores adscritos al Colegio de Procuradores de Murcia, disponemos de medios y realizamos actuaciones tendentes a implementar en las mismas. Con el propósito de que las pretensiones de nuestros clientes, en este caso las comunidades de propietarios y comuneros, se encuentren satisfechas, no sólo impulsamos las resoluciones judiciales estimatorias, sino también el cumplimiento de las mismas, teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de la deuda y su recobro, destacando el papel protagonista del procurador en materia de ejecución y con nuestras expectativas puestas en futuras reformas legislativas en materia de ejecución, donde se revaloriza al procurador de los tribunales equiparándonos al resto de los países de la Unión Europea.

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