El impuesto a los envases de plástico se atrasa hasta 2023 y da un respiro al sector regional

Más de un centenar de empresas respiran así con alivio ante el hecho de que se haya retrasado su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Y es que suponía un lastre añadido al contexto difícil actual, marcado todavía por la pandemia, el sobrecoste de las materias primas y el encarecimiento de la energía. «Porque estábamos a las puertas de su aplicación, pero ni sabíamos exactamente cuál sería el importante exacto del gravamen, ni condiciones, ni tampoco cómo tendríamos que tributarlo, ni imputarlo», reconoce la presidenta de la Asociación de Empresas del Sector Plástico de la Región de Murcia (Asemuplast), Ana Ruiz.

No obstante, la estimación oficiosa manejada apuntaba a una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico no reciclado para los envases no reutilizables, según un estudio de la plataforma EsPlásticos, que cita la patronal nacional Anaip (Asociación Nacional de Industrias del Plástico), en la que se integra Asemuplast.

Una cuantía que, en función del elevado volumen de material que se maneja, consideran que podría suponer la quiebra de un buen número de empresas. Hay que tener en cuenta el importante peso que tiene este sector en la Región, vinculado de forma tradicional a la potente industria agroalimentaria y al liderazgo de la actividad agraria, que requiere de sus servicios.

«Por ello, es evidente que al final se genera un sobrecoste que se traslada al precio final para el consumidor», indica Ana Ruiz. Y, encima, el resto de materiales que pueden ser alternativos, como el cartón, también se ha disparado, incluso de forma superior. Y lo mismo ocurre con la madera.

El valor del sector del plástico murciano se refleja en los más de 13.000 trabajadores directos que hay en las más de cien empresas existentes –el 98% son pymes–, aparte de algunos miles de empleo indirectos más.

Mientras, la nueva norma en cuestión continúa su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, por lo que se espera que quede aprobada a lo largo del primer semestre del próximo año, con la inclusión de parte de la trasposición de la llamada directiva SUP (Single Use Plastic) de la Unión Europea.

La Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Baja aprobó ya el pasado 16 de diciembre la moratoria para su aplicación, así como la creación de un mecanismo en el que el primer adquiriente está obligado al pago del impuesto tanto en compra como en entrega, y la exención al material recuperado proveniente del reciclado químico. Y es que crear un mecanismo de repercusión jurídica es fundamental para la sostenibilidad del sector.