Graduados sociales alertan de casos de fraude en la creación de empresas

Según explica Alfonso Hernández Quereda, decano del Colegio, en los Juzgados se nota un incremento de asuntos que se supone que son empresas que han cerrado en situación de crisis o haciendo un expediente de regulación de empleo o por una bajada de persianas sin más, lo que se conoce como «un cierre salvaje». En su opinión, esa situación se produce cuando son firmas que han acumulado deudas tanto con la Tesorería General de la Seguridad Social como con Hacienda. «Son sociedades limitadas, sociedades anónimas y, al final, salvo la deuda de Hacienda, no deriva la responsabilidad hacia el patrimonio personal del administrador; cierran y se transforman».

En la última crisis, la financiera de 2011, no se produjo esta situación porque en esa ocasión no había forma de repuntar, pero en las anteriores y en estas se está produciendo un cierre de empresas y una apertura con otra denominación. «Incluso algunas cometen la temeridad de reabrir en el mismo domicilio o cambiando el domicilio social aunque siguen físicamente en las mismas instalaciones y de esa forma eliminan una deuda que pudieran tener», señala Hernández Quereta.

La triquiñuela consiste en que las empresas «desaparecen como tal, disuelven la sociedad y constituyen otra, cambiando incluso los accionistas». De esta forma eliminan las deudas que pudieran tener pendientes y empiezan de nuevo. Las indemnizaciones y el salario pendiente de los trabajadores, al declararse insolventes los empresarios, al final salen del Fondo de Garantía Salarial, no de la empresa. «Alguna vez ha habido connivencia entre empresa y trabajadores y han simulado el despido para luego cobrar de Fogasa, declarando a la empresa insolvente aunque no es lo habitual».

Los datos de los Juzgados de lo Social confirman que las demandas por despido aumentaron un 9,1% interanual en el primer trimestre de 2024. De enero a marzo se han presentado 1.490. Además, las reclamaciones de cantidad registradas en esta jurisdicción (1.033) fueron un 46,1% superior al del mismo período del año pasado.

En total, aseguran fuentes del Tribunal Superior de Justicia, la jurisdicción de lo Social mostró un incremento en el ingreso del 31,6% al registrar 4.356 nuevos asuntos. Se registraron 3.669 casos, un 99,8% más y quedaron en trámite 15.612, un 14,8% más. Estos datos hechos públicos el pasado lunes por el Consejo General del Poder Judicial reflejan «la vuelta al normal desarrollo de la actividad judicial regional tras la parálisis provocada por la huelga de los letrados de la administración entre el 23 de enero y el 28 de marzo de 2023». En ese período se suspendieron casi 14.000 actuaciones judiciales, alcanzando al 88% de los juicios, vistas y otras diligencias.

El ritmo creciente de creación de empresas tuvo un bache en mayo en la Región tras registrar un descenso del 13,2% respecto al mismo mes de 2023. Fue un retroceso importante, que casi duplica la media nacional (-7,3%), pero no se trata de un comportamiento aislado ya que se dio en la mayoría de las comunidades, donde la creación de mercantiles dio marcha atrás en el quinto mes, según el INE. Sin embargo, esta cifra subió en junio, al registrarse 258 nuevas sociedades frente a las 204 de junio de 2023. El caso es que, según los registradores de la propiedad, el balance del segundo trimestre de este año arroja datos positivos (+8%) ya que en ese período nacieron 708 firmas, frente a las 654 del mismo período del ejercicio anterior.

El Colegio de Graduados Sociales no descarta que en las cifras de creación de empresas haya también un poco de trampa. «Hay un incremento de entre un 20 y un 30% de procesos judiciales y en esa línea hay un aumento del número de empresas que se dan de alta cuando lo que se ha producido es una transformación: han cerrado, han extinguido todas las relaciones laborales y han montado una nueva empresa. En ese repunte de empresas que están iniciando actividad hay una contradicción clara porque «no tiene sentido que los juzgados estén saturados con un aumento del 30% o más procesos por disoluciones, despidos y reclamación de indemnizaciones y además, un repunte de contrataciones nuevas».

«Es un contrasentido y la primera consecuencia es que se extinguen los contratos y ahí acaban en esos procesos judiciales y se reactivan esos contratos u otros con empresas que han cerrado previamente y que vuelven a abrir. Es una triquiñuela que se hace para seguir la actividad sin el lastre de las deudas que puedan tener con la Seguridad Social».

En esencia, estaríamos en una burbuja de crecimiento de empresas que no crecen sino que se transforman. «Sería, como dice Martes y Trece, las que entran por las que salen. Lo que se produce es una transformación, sin descartar que alguna empresa nueva habrá. La gran mayoría son transformaciones; cierres previos para luego abrir partiendo de cero».

Lo que está claro es que si esas empresas han retomado su actividad libres de deudas es «porque tienen una perspectiva de que pueden funcionar».