La seguridad y la salud, derecho fundamental en el trabajo

Tras dos años de pandemia, deberíamos haber aprendido que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo ha de ser un presupuesto esencial para cualquier actividad empresarial y parte indisoluble de las políticas de salud pública.

Sin embargo, nos encontramos con que las consecuencias laborales y de salud de la Covid siguen sin ser objeto del adecuado tratamiento en términos de seguridad social y prevención, y con que los riesgos habituales a los que estaban expuestos los trabajadores y trabajadoras no han desaparecido en ningún caso (algunos, como los psicosociales, incluso se han intensificado). A ello hay que sumar que las enfermedades profesionales siguen adoleciendo de un preocupante subregistro. En el caso de los cánceres de origen laboral la situación es especialmente flagrante: apenas se han comunicado 51 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos en España, cuando se estima que podrían estar produciéndose cerca de 10.000 al año.

El principal problema es que la gestión preventiva en las empresas se reduce, en demasiados casos, a un formalismo poco eficaz, incluso en aspectos tan determinantes como la formación, la vigilancia periódica de la salud o la evaluación de riesgos; además de estar desdeñándose perspectivas que urge incluir en la tarea preventiva, como los sesgos de género y edad, los ya mencionados riesgos psicosociales o los efectos del cambio climático en la salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, faltan recursos en instituciones clave como son la Inspección y la Fiscalía, para detectar, sancionar y perseguir los incumplimientos y, en el ámbito autonómico, inversiones para apoyar las políticas preventivas en las empresas, reforzar el papel del Instituto regional de Seguridad y Salud Laboral o incorporar la figura del Delegado Territorial para mejorar la prevención en las empresas sin representación.

De ahí que persista nuestro empeño por elevar el derecho a la seguridad y salud en el trabajo a la categoría de fundamental, y hacer de la prevención una política capital, dotada de los recursos legales y materiales que son necesarios.

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