La dación en pago de viviendas se dispara un 46% en la Región de Murcia en el último año

Sin embargo, es evidente que esta fórmula de solución flexible para los problemas de deuda de las personas en el umbral de la exclusión social, al permitirles entregar la propiedad al acreedor en lugar de hacer frente a los pagos, ha marcado un cambio de tendencia en territorio murciano en el último año, después de los ajustes acontecidos en 2023 y 2022, una vez superados también los impactos máximos de los primeros años de utilización a raíz de la crisis financiera. Sin olvidar, tampoco, el auge acontecido por los efectos económicos en muchas familias por el parón de la pandemia en 2020, cuando se contabilizaron hasta 388 daciones en la Comunidad.

Para el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de la Región, Paco Morote, con respecto a esta evolución, «por una parte es positivo que se aborden esas situaciones de dación en pago porque eliminan una deuda de por vida por parte de la gente». Sin embargo, alerta de que también «hay que tener en cuenta que existe una nueva estrategia por parte de la banca porque de forma seguida lo que suelen hacer es vender esa vivienda; es decir, con la dación en pago el banco vuelve a adquirir la propiedad del inmueble y lo revende de inmediato –en muchos casos a grandes inversores–, por lo que, a partir de ahí, pueden hacer con ella de nuevo lo que quieran».

En conjunto, el 61,38% de las daciones en pago corresponden a personas físicas, frente a la figura jurídica, según los datos al cierre del último trimestre. Y, en cuanto al origen de los implicados, es mayoritariamente nacional, ya que el peso de los extranjeros supone apenas el 6,34%. De hecho, esta tasa se queda alejada del nivel de compra de vivienda por parte de personas procedentes de otros países durante los últimos años, lo que refleja una menor probabilidad en este colectivo a la hora de acabar en una situación de dación en pago.

Hay que tener en cuenta que en el momento de pedir la dación, el deudor puede solicitar el arrendamiento de la vivienda durante dos años pagando una renta del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación. Eso sí, si se produjera el impago de la renta, se devengaría un interés de demora del 10%.

En este sentido, el representante de la PAH aclara que «aunque les hagan a la gente un alquiler social o algo parecido en algunos casos, la realidad es que luego el nuevo comprador intenta eludir el compromiso de la entidad financiera, al alegar que a ellos no les vincula». Una circunstancia que «genera problemas a posteriori para los afectados», insiste Morote. Por tanto, «por un lado, es positivo el que se den esas situaciones de dación porque liberan de una deuda eterna a las familias», pero sin olvidar «que hay es una estrategia de la banca para inmediatamente vender la propiedad de la vivienda y a medio plazo lo que se genera es otro problema con actores nuevos». Es decir, un conflicto «entre la gente que ha solucionado dicho problema y los nuevos propietarios que, además, normalmente han adquirido la vivienda a un precio muy inferior a su valor real».