Los consumidores vaticinan «más paro y pobreza» por la elevada inflación

A falta de conocer próximamente el dato concreto de subida en la Región de Murcia, la realidad es que el incremento disparado del 9,8% en el IPC nacional hace prever un impacto incluso superior en la Comunidad, si se tiene en cuenta que los datos de enero y febrero se situaron ya una décima por delante.

«Lo más grave es que está azotando de un modo muy desproporcionado, ya que no es que haya una subida moderada, sino que de modo exponencial lo está haciendo sobre productos y servicios básicos como la electricidad, los carburantes y combustibles en general, así como sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas», advierte Barceló.

Para la presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Thader Consumo), Juana Pérez, este nivel de inflación «supone que va a producirse más desempleo y pobreza». De ahí que alerte sobre «las devastadoras consecuencias que trae consigo para la economía familiar».

Este coste de la vida «necesita la aplicación de medidas extraordinarias y urgentes» para ser contenido, insiste. Porque las aprobadas hasta ahora por el Gobierno central «generan escepticismo» sobre el alcance real que pueden tener sobre los bolsillos de los ciudadanos. «Repercutirán en beneficio de productores y repartidores que soportaban los costes, pero tengo mis dudas de que lo haga sobre los usuarios», añade Pérez.

Aunque la guerra en Ucrania es un factor que influye en la situación, el portavoz de Consumur puntualiza que «no debemos olvidar que la escalada de precios viene de hace muchos meses atrás».

«Cuando un producto se encarece 10 céntimos y luego se estabiliza, baja solo 5 céntimos, no regresa al punto de partida», indica la representante de las amas de casa. De este modo, se produce una pérdida continuada de poder adquisitivo. Además, sostiene que en la anterior crisis financiera «las amas de casa tenían una red interior de fortaleza para salir adelante» que, puntualiza, «no existe actualmente». «Se han acumulado varios factores de saturación y las familias se están quedando sin 'riñones' para seguir adelante», concluye.

La elevada y persistente inflación tendrá también un impacto directo en la actividad económica, a causa de la previsible caída del consumo por la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Varias instituciones, como es el caso de Funcas, anuncian ya una revisión a la baja de la previsión de crecimiento económico para este año. Sin embargo, el Gobierno regional aún no se lo ha planteado, según indica el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín. «Estaremos muy vigilantes a la evolución del IPC, y si tuviéramos que revisar la previsión oficial de crecimiento del 5,2% para este año, lo haríamos, pero es una previsión muy prudente y creemos que si Pedro Sánchez adopta las medidas que debe, como es una rebaja de impuestos, no será necesario», señaló.

Marín no oculta la gravedad de unos precios incontrolados. «Una inflación de dos dígitos sería una tragedia, una catástrofe para la economía porque ralentizaría la demanda interna y bajaría los procesos de producción al no poder hacer a frente los costes. Una de sus consecuencias sería la caída de la recaudación fiscal, pero afectaría sobre todo a los ingresos estatales», agregó.

Los sindicatos alertan de que la actual coyuntura afecta especialmente a la clase trabajadora y a los más vulnerables. El secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro, resalta que «se quedan en una situación muy difícil con este incremento del IPC», por lo que «exigimos al Gobierno central que tome medidas de control de los precios de los hicrocarburos y de la luz». Asimismo, pide que «se acabe con la especulación de las grandes superficies al incrementar los precios de la alimentación», puesto que «para nada tiene que ver con la crisis que estamos viviendo». Y es que la presión inflacionista agrava la pérdida de poder de compra de los salarios, pensiones, prestaciones y becas, lo que repercutirá negativamente sobre la demanda de consumo, la recuperación del PIB y la generación de empleo.

Desde UGT solicitan también al Ejecutivo que actúe «con rapidez para contener los precios». Su secretaria general de Empleo y Formación, Ascensión Ludeña, insiste para que el impacto «no nos conduzca a incrementos de la desigualdad y pobreza, que es lo que más nos preocupa». Apunta que «la política salarial que se fije en el acuerdo para el empleo servirá de marco de referencia» y confían en que así se podrán desatascar «los procesos de negociación colectiva pendientes».

Una carestía de la vida que no solo afecta al precio de la energía «sino también de los alimentos», insisten desde CC OO, puesto «que ya tuvieron un comportamiento más inflacionario durante la pandemia». Por tanto, «es urgente también proteger el poder adquisitivo de las rentas más bajas». Con respecto a la polémica de si las empresas que reciben ayudas públicas para paliar la crisis no puedan despedir a trabajadores, Santiago Navarro defiende que «pueden hacerlo siempre que utilicen los medios ordinarios y convencionales que hay en nuestra ley», pero «vamos a estar siempre en contra» de que lo puedan hacer con recursos del Estado.

Ludeña valora «de manera positiva que se continúe profundizando en la protección del empleo, como elemento central de cualquier estrategia de actuación y reactivación económica». Así que las exigencias marcadas «son necesarias para evitar despidos improcedentes».