Colegios profesionales, vigías de los derechos e intereses de sus colegiados y la población

El arquitecto que visa la construcción de una vivienda, el notario que da fe de que el comprador ha entendido la hipoteca y el veterinario que vacuna a las mascotas necesitan estar colegiados. En España, algunos profesionales están obligados por ley a pertenecer a su colegio profesional correspondiente para el ejercicio de la actividad, con la finalidad de garantizar a la sociedad que están tratando con expertos y no con intrusos. El marco legal impone la condición 'sine qua non' a actividades legales, sanitarias y técnicas, como la medicina, enfermería, abogacía, biólogos y registro de la propiedad, entre otras.

Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su labor consiste en la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la administración pública por razón de la relación funcionarial.

Estas instituciones realizan su actividad con un círculo de valores, entre los que predominan la equidad, para actuar sin distinciones; la transparencia, por demostrar y dejar ver de forma clara y evidente; la vocación de servicio, por atender y ser una pieza esencial ante las necesidades individuales y colectivas; la excelencia, por obtener un resultado a la altura del trabajo realizado, y la colaboración, tanto con los mismos miembros como con otras entidades e instituciones para seguir mejorando, junto a la coherencia, la confianza y el reconocimiento.

Todos los colegiados, sin excepcionalidad de que la colegiación sea obligatoria, deben poseer la titulación que exige la ley para ejercer y cumplir con los estatutos del colegio, así como pagar religiosamente una cuota anual (sin pago de inscripción en las de carácter obligatorio), la cual contribuye al sostenimiento de las funciones públicas y los servicios del órgano colegial, entre ellos el seguro de responsabilidad civil. Esta póliza cubre las posibles indemnizaciones que puedan devenirse de los riesgos personales, materiales, consecuenciales o patrimoniales primarios intrínsecos en cada oficio.

Además, la colegiación supone un garante de confianza a los clientes y usuarios, dado que les cerciora que el profesional colegiado que han contratado cuenta con una formación y una acreditación acorde a los servicios demandados, así como que está adscrito a un código deontológico y que, de ser contravenido, puede ser denunciado ante su órgano colegial e incluso sancionado.

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