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Aunque los costes operativos de las empresas se han ajustado ligeramente, gracias al mejor comportamiento del componente energético, sin embargo el lastre que supone ... el incremento de la factura global por los servicios utilizados por las pymes, unido a los costes laborales, que siguen creciendo con fuerza, suponen un lastre importante para la competitividad del tejido productivo. Y así se evidencia en la contabilidad de muchas compañías, en especial las firmas más pequeñas. Por ello, más allá de que en la mayoría de sectores han hecho un esfuerzo por crecer y mantener sus plantillas, tal como se refleja el dinamismo del mercado laboral regional, también es innegable que aparecen síntomas de impacto negativo.
El número de empresas que se acogieron a expedientes de regulación de empleo (ERE) se redujo a la mitad en territorio murciano en 2023, ya que las 75 firmas contabilizadas están muy por debajo del volumen de 144 que optaron por esta vía en la anualidad anterior. Un comportamiento favorable que se aprecia asimismo en cuanto a los trabajadores en el global de procedimientos, ya que pasa de 2.064 a 1.541 en la última comparativa interanual. En cualquier caso, no se puede ocultar tampoco el hecho de que, aunque sean menos los expedientes totales, sin embargo tienen un mayor impacto en cuanto al grado de incidencia, ya que los afectados en despidos colectivos sí son muchos más.
Y de esos más de 1.500 del último cómputo, exactamente 1.008 se corresponden con suspensiones de contrato temporales, que se reducen; y 102 por casos de reducción de jornada, que también disminuyen de forma muy notable, según refrendan las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Mientras que la otra realidad es que hasta 431 empleados se vieron afectados por procedimientos de despido colectivo en empresas de la Comunidad durante el pasado año. Esa cifra supone un 20,06% más que la alcanzada en el ejercicio anterior, cuando se llegó a un total de 359 personas incluidas en despidos colectivos. Además, el último dato parcial de 2024, correspondiente al pasado enero, confirma igualmente que aumentan las extinciones laborales colectivas, puesto que se computan otros 172 afectados en el primer mes.
Desde Cepyme advierten de que el coste laboral del conjunto de las pymes españolas encadena hasta diez trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%. Y, en concreto, hacen hincapié en los efectos directos de los cambios laborales por las sucesivas alzas de las cotizaciones sociales y del salario mínimo interprofesional (SMI) que se han registrado en los últimos años. Sin embargo, las organizaciones sindicales rechazan este análisis. Y recalcan que la potenciación del contrato indefinido frente al temporal que impulsó la reforma laboral de 2021 ha dado como resultado un incremento del empleo estable que continúa manteniéndose dos años después. Tampoco se puede obviar que el despido colectivo tiene mayores garantías que el individual y las reestructuraciones de plantilla de indefinidos o fijos discontinuos tienen una indemnización mayor que si tuvieran un contrato temporal.
Sobre los porqués de este repunte, aparte de los mayores costes productivos dentro de un marcado contexto inflacionista que se alarga en el tiempo –subida de tipos de interés, encarecimiento de las materias primas, ajuste del consumo–, hay que apuntar también a los condicionantes que ha traído la reforma laboral, empezando por el apartado de la contratación, según alertan desde el ámbito empresarial.
Hay que tener en cuenta que la normativa permite aplicar este tipo de regulaciones de empleo cuando se acreditan por parte de las compañías causas que tienen que ver con motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción (conocido como Etop), o por fuerza mayor —situaciones imprevistas o inevitables que las sitúan ante dificultades graves, como una crisis financiera o una recesión económica y desastres naturales, entre otros–.
La patronal regional Croem en su último boletín de coyuntura de cierre de 2023 insistía en el valor de adoptar reformas estructurales, sobre todo en sectores como el industrial y el agrícola, ante el suave aterrizaje económico para este año. Y hacía un llamamiento a nivel de Comunidad para aprovechar al máximo la llegada de las líneas de ayuda de estos últimos años, procedentes de los fondos europeos 'Next Generation', para alinearse con una economía más circular, verde o social y reforzar el carácter exportador. De esa forma, se estaría en disposición de mitigar la ligera desaceleración de la economía murciana que se prevé.
La confederación de las pequeñas y medianas empresas Cepyme, en la que se integra también la patronal regional Croem, hace hincapié en que la peor evolución de los últimos meses evidencia en parte «el impacto negativo de la ralentización económica, la paralización de proyectos y la detención de inversiones». Así lo reflejaba la pasada semana en su último indicador de coyuntura. Y, además, subraya que «resulta preocupante que el número de concursos haya sido superior al del cuarto trimestre de 2022, ya que entonces no se había disipado aún el decalaje derivado de la moratoria concursal por la pandemia ni se registraba una acumulación extraordinaria de casos como la posterior a la huelga de letrados de Justicia en 2023».
Por su parte, Croem subraya en su reciente boletín de coyuntura que, en los últimos meses, se está alineando la inflación con las mejoras retributivas. De hecho, en los convenios registrados en 2023, se consiguió pactar un aumento salarial medio del 5,1% (2,6% en los de empresa, 5,2% en los de ámbito superior), un punto y medio superior al nacional (3,5%). Esta cifra está en línea con la ofrecida por CaixaBank Research, que estima un crecimiento salarial medio en la Región del 4% en 2023 (3,9% en España).
Y, finalmente, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE), con lo que respecta a los costes salariales del tercer trimestre del 2023, los mismos habrían aumentado un +4,4% (+4,2% en España) hasta los 1.847 euros, y un 5,5% en el caso de los costes laborales (5% en España), hasta los 2.560 euros.
Por otra parte, desde el Consejo Económico Social (CES) de la Región, en su último informe de Indicadores de coyuntura de marzo, apuntan que las estadísticas de regulación de empleo en 2023 constatan, no obstante, «una escasa relevancia de las empresas incursas, de los trabajadores afectados y de los ERTE». Además, a pesar de la mejora en el marco de las relaciones laborales, se observa «un avance de la conflictividad en el desempeño del puesto de trabajo, lo que se deduce de las cifras de conciliaciones individuales, sobre todo las concernientes a despidos».
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