Aumentan un 31% las personas en quiebra por la crisis

Los juzgados de la Región de Murcia comienzan a palpar las consecuencias derivadas de la crisis de la Covid-19. En el tercer trimestre del año, registraron hasta 89 concursos de acreedores. De ellos, según datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 67 correspondieron a personas físicas –no empresarios– que se declararon en quiebra. La cifra supone un incremento del 31,4% respecto al mismo periodo de 2019.

El último balance del Poder Judicial, que analiza los meses de julio a septiembre, ya deja entrever la reactivación de la actividad judicial y los efectos de la crisis económica provocada por la Covid. Los concursos son unos de los procedimientos en los que más se aprecia el impacto.

En el tercer trimestre de este año, también aumentaron las demandas por despido. Hasta 1.103 llegaron a los jueces murcianos, un 32,1% más que en igual trimestre de 2019. La cifra supone una media de 12 despidos diarios.

De acuerdo al balance del Poder Judicial, en este periodo se presentaron en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 5.876 procedimientos monitorios, lo que supone un descenso interanual del 5,3%. Estos procedimientos se inician para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, según explicaron fuentes judiciales.

En este periodo sí se apreció una disminución, por ejemplo, en las ejecuciones hipotecarias. De acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre julio y septiembre se llevaron a cabo 305 lanzamientos –desalojos– en la Comunidad. La cifra supone una caída del 34,1%.

La gran mayoría de estos desalojos (172) se debieron a ejecuciones hipotecarias –muchas derivadas de no abonar la hipoteca–. No en vano, Murcia fue la cuarta comunidad con mayor número de desalojos de este tipo. Otros 121 se debieron a casos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, ante todo, impagos de alquiler.

En este trimestre, se percibió, sin embargo, un incremento en la entrada de procedimientos de ejecución hipotecaria –que pueden finalizar en desahucios–. En total, se presentaron 340, prácticamente el doble que en el mismo periodo del año anterior.