La provincia de Cartagena, un 'melón' político que nadie abre

«La provincia de Murcia, como expresión de su entidad regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de España, se constituye en Comunidad Autónoma, para acceder a su autogobierno [...] La Comunidad Autónoma, que se denomina Región de Murcia, asume el Gobierno y la Administración autónomos de la provincia de Murcia [...] El territorio de la Región es el de los municipios comprendidos dentro de los límites de la provincia de Murcia».

Los primeros artículos del Estatuto de Autonomía dejan claro que, para los legisladores de 1982, el encaje territorial de la comunidad autónoma en España estaba justificado por la realidad histórica de una única provincia: la de Murcia. Y sobre la disposición territorial interna, fijaron que «la Comunidad Autónoma de Murcia se organiza territorialmente en municipios y comarcas». Fue a través del artículo 3.2, que, con la previsible polémica, prescindió del término Región. A lo largo del texto, hay seis referencias a la «Comunidad Autónoma de Murcia».

Cuarenta años después, la uniprovincialidad sigue siendo motivo de polémica y protesta en Cartagena, donde distintos grupos políticos y sociales mantienen viva la reivindicación de constituir una segunda provincia, restituyendo la que existió de 1799 a 1805. Recibiría el nombre de este municipio y se integraría en la Comunidad, con los órganos y las competencias de cualquier diputación provincial, como las cercanas Alicante, Almería o Albacete.

La controversia, derivada de no haberse aceptado esta pretensión –el Partido Cantonal (PCAN) llegó a plantear la dependencia directa del Estado–, no acaba aquí. Junto a la exigencia de la provincia por motivos históricos, económicos y de aumento de representantes en las Cortes Generales (básicamente lo reclaman PCAN, MC y el colectivo Plataforma por la Biprovincialidad del Sureste de España 2es+), persiste la polémica sobre el papel institucional, competencial y simbólico de la segunda ciudad más poblada de la Región y su área de influencia. Tienen 218.000 y unos 400.000 habitantes respectivamente, de un total de 1,5 millones.

La nueva entidad agruparía ocho municipios: Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Mazarrón, previa aprobación en los plenos de sus ayuntamientos y con el refrendo del Congreso de los Diputados y del Senado. Es un paso que muchos ven imposible, pues abriría un 'melón' nacional, al haber aspiraciones similares en otras regiones.

El artículo 5 establece que «la capitalidad de la Región se establece en la ciudad de Murcia, que será sede de sus órganos institucionales, con excepción de la Asamblea Regional, que la tendrá en la ciudad de Cartagena». Y, en la reforma aprobada en abril de 2019 por todos los diputados regionales (de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), Cartagena salía reforzada. Pero la renovación del Estatuto encalló en el Congreso al rechazar PP, Vox y los expulsados de Cs las enmiendas introducidas en 2021 por socialistas, Cs y Podemos.

Este último grupo pidió incorporar la realización de «consultas populares», para que, al menos cada 8 años, los vecinos de Cartagena y de otras comarcas opinen de la «configuración territorial». Las enmiendas no fueron votadas, pues la Asamblea, con un cambio legal aprobado por la actual mayoría política, retiró el texto de reforma. El Tribunal Constitucional revisa esta maniobra, tras un recurso de Podemos.

El texto decía en su artículo 2.2: «La Comunidad Autónoma se organiza territorialmente en municipios y podrá hacerlo en comarcas y/o provincias de acuerdo con lo que se establezca en la Constitución y las leyes». Así lo propuso en 2017 la entonces alcaldesa y líder del PSOE cartagenero, Ana Belén Castejón, para «abrir la puerta a la provincia de Cartagena».

El artículo 3.2 señalaba: «La ciudad de Cartagena, en la que tiene su sede la Asamblea Regional de Murcia, es la capital legislativa de la Región». Y, en un guiño a Lorca, figuró que, con tres quintos de la Cámara, «se podrá establecer la sede de otros órganos o instituciones de la Comunidad Autónoma en otros municipios de la Región». Para MC, fue «una operación de maquillaje y un juego de palabras; se habló de provincias para dejarlo todo como estaba».

Sobre la descentralización, el debate abarca también las recetas para hacer realidad un compromiso del actual Estatuto: «el desarrollo de las distintas comarcas de la Región sobre la base de unas relaciones armónicas que permitan terminar con los desequilibrios regionales internos». Esta acción se ha limitado al ámbito electoral, cuando regían las cinco circunscripciones, ajustadas a las llamadas comarcas geográficas naturales; y al de las mancomunidades de Servicios Sociales, formadas por municipios próximos. También falta un mayor impulso a las «áreas metropolitanas».

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