El nuevo Estatuto aguarda su momento

Quienes vivieron con gran intensidad la IX Legislatura autonómica tenían la sensación de haber presenciado el periodo político más trepidante en la corta historia de la Asamblea Regional. Aquel tiempo comenzó en el verano de 2015 con el desembarco de cuatro grupos políticos en el Parlamento de Cartagena, dos de ellos formados por diputados de partidos emergentes y, sobre el papel, regeneracionistas. Ambos forzaron, como primera decisión de calado, la reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia para crear una circunscripción única y favorecer la entrada en la Cámara de partidos minoritarios. Casi en el ecuador, hubo una comisión de investigación que depuró responsabilidades políticas por el caso de la desalinizadora de Escombreras y, lo más trascendente, una moción de censura que acabó con la trayectoria política del presidente Pedro Antonio Sánchez y encumbró en San Esteban al joven diputado del PP Fernando López Miras. Sus señorías remataron aquel tiempo, en 2019, con la reforma del Reglamento de la Asamblea y un histórico pacto para una reforma en profundidad del Estatuto de Autonomía que tuvo como preludio la eliminación de los aforamientos de sus señorías y los miembros del Consejo de Gobierno. No fue fácil conseguir la unanimidad, pero todos los actores políticos entendieron que había que adaptar la norma a los retos de los nuevos tiempos y a las demandas de una sociedad que se había transformado ampliamente durante las cuatro últimas décadas.

El que iba a ser nuevo Estatuto, encuadrado en los conocidos como «de tercera generación» y cuyo máximo exponente es el de Canarias, modificado en 2018, contenía 99 artículos, 44 más que el vigente desde el 9 de junio de 1982. Según sus redactores, era «acorde al siglo XXI» porque reconocía «los derechos socialmente aceptados por los murcianos». Hacía una mención expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, velaba por el conocimiento de la memoria histórica, defendía el Trasvase Tajo-Segura y la desalación del agua como herramientas de desarrollo social y económico, al igual que reforzaba el papel de Cartagena como capital legislativa, dejando una puerta abierta a la creación de nuevas provincias.

Pero dicho texto encalló en las Cortes Generales, en cuyo proceso de enmiendas en la Comisión Constitucional los partidos hicieron trizas el consenso que había permitido sacarlo adelante en la tierra de origen. Tras lo ocurrido en la Región en los primeros dos años de la actual legislatura, el PSOE entendió que había que incluir en la norma medidas contra el transfuguismo político y garantizar el blindaje medioambiental del Mar Menor. Y el PP, apoyado por sus socios de gobierno regional, los expulsados de Ciudadanos y Vox, montó una operación política para impedirlo mediante el cambio del Reglamento de la Asamblea. Esta acabó el pasado diciembre con la retirada del nuevo Estatuto, cuyo texto se enfría ya en los archivos de la Cámara esperando mejores tiempos. Solo los recursos de inconstitucionalidad presentados por Podemos y el PSOE pueden resucitarlo, aunque su futuro sigue dependiendo de una voluntad de consenso político que ahora es inexistente.

Los tránsfugas de Ciudadanos anunciaron el pasado enero su predisposición a constituir nuevamente una ponencia para retocar dicho texto y devolverlo a las Cortes Generales. Pero ni hay tiempo material de tramitarlo esta legislatura ni mucho menos interés político. Al contrario de lo ocurrido en la anterior, los puentes entre el gobierno, sus socios y la oposición llevan rotos desde la frustrada moción de censura a López Miras, en marzo de 2021. Así que el trabajo que remataron los diputados en abril de 2019, siguiendo el camino iniciado en octubre de 2005 por sus señorías de la VI Legislatura queda ahí, para el futuro. Todo dependerá de la voluntad, de los intereses políticos y de las mayorías que puedan conformar los partidos que obtengan representación en Cartagena en las elecciones de mayo de 2023.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se fraguó en las reuniones que a comienzos de 1978 mantuvieron representantes de PSOE y de UCD en el llamado 'Pacto de Floridablanca'. En septiembre de ese mismo año, quedó aprobado el real decreto-ley que establecía el régimen preautonómico con el texto elaborado por la Asamblea de Parlamentarios. El 10 de noviembre quedó instituido el Consejo Regional de Murcia como órgano de gobierno y administración preautonómico, mientras que en 1980 comenzó sus trabajos la comisión encargada de redactar el anteproyecto del Estatuto. Tras superar el trámite de enmiendas –124 en total–, el debate del dictamen de la Comisión Constitucional fue debatido por el Pleno del Congreso los días 16 y 17 de febrero de 1982. Salió adelante por 266 votos favorables frente a las 26 abstenciones y un voto nulo. La aprobación del Senado tuvo lugar el 5 de mayo de 1982. El texto fue remitido nuevamente al Congreso, que lo aprobó definitivamente el 25 de mayo. La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 19 de junio.

A lo largo de estos cuarenta años, la norma ha sido modificada en cuatro ocasiones de manera fructífera. La quinta aún sigue en el aire. No ha sido la única propuesta fallida, pues también lo fue la presentada en julio de 1989 por los 13 diputados que integraban entonces el Grupo Popular en la Asamblea, que plantearon la ampliación de competencias. La propuesta fue rechazada por el Pleno de la Cámara el 21 de diciembre de ese mismo año. Sí salió adelante la tramitada en 1991 para asegurar la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el cuarto domingo de mayo, cada cuatro años.

La segunda reforma fue materializada en 1994 para modificar cinco artículos, en virtud de los llamados Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992, que ampliaban el techo competencial de la Comunidad y aumentaban su capacidad de autogobierno. Entre las materias transferidas por el Estado, destacaban las de educación y de ordenación del litoral.

Aunque la reforma más profunda acometida hasta ahora es la que aparece recogida en la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, por la que se dio nueva redacción a catorce artículos del Estatuto. Nuevamente amplía los techos competenciales y refuerza el papel del Parlamento. Entre otras cuestiones, permite ampliar el número de diputados de los 45 iniciales a los 55, aunque dicho aumento no se ha llevado a cabo. Aquella iniciativa de reforma fue aprobada por unanimidad. También en 2002 hubo un cambio técnico en la disposición adicional 1.1 relacionada con el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad.

Desde que en octubre de 2005 se constituyó en la Asamblea la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía, han pasado por Cartagena, en distinta legislaturas, más de un centenar de representantes de todos los sectores de la sociedad regional a los que dieron voz para confeccionar una norma lo más ajustada posible a la nueva realidad social. Las gestiones parlamentarias decaen con el final de cada legislatura, pero las aportaciones de los comparecientes en cada una de la comisiones de reforma constituidas desde entonces quedan ahí como testigos de su tiempo y de la evolución social. No es trabajo baldío, pues lo hecho hasta ahora ha servido de punto de partida en cada uno de los infructuosos procesos de reforma iniciados posteriormente. Mientras tanto, el Estatuto de primera generación envejece con sus fortalezas y debilidades que el tiempo no hace más que potenciar.

• Temas
• Asamblea Regional
• Día de la Región
• Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia