Mapas sin mundo (11-04-21)

Una de las características que mejor define a los antivacunas es su comportamiento antisocial. La vacunación es la mayor empresa colectiva desarrollada por una sociedad. Requiere de la participación de todos para conseguir un objetivo común: la inmunidad. Se trata de un pacto comunitario en el que todos los participantes demuestran su confianza en el otro como premisa fundamental para alcanzar un bien común. La vacunación es alteridad. Y eso es precisamente lo que le falta a la ultraderecha: capacidad para ponerse en el lugar del otro. Para esta forma extrema y excluyente de entender el mundo, el otro no es alguien en quien confiar porque aporta un bien a la comunidad; muy al contrario, el otro constituye esa amenaza externa contra la que hay que protegerse. No se confía en el inmigrante, ni en quien ejerce una opción sexual diferente de la heteronormativa; se sospecha de los docentes y de cualquier conocimiento que desborda el paupérrimo perímetro que define la propia cosmovisión. Se desconfía, en resumen. La ultraderecha no cree en la sociedad como un espacio en el que ejercer la inter-confianza. De ahí que, en un momento como el actual, en el que se necesita de la mayor cohesión social posible para vencer a la pandemia, constituya un flagrante acto de irresponsabilidad situar al frente de la Consejería de Educación y Cultura a una persona que desconfía de sus conciudadanos, que desprecia la solidaridad comunitaria como única arma existente para salvar vidas e impulsar la economía. Un gobernante que no confía en su sociedad no solo es un mal político; es un peligro público que amenaza con frustrar la acción comunitaria.

Ahora bien, lo más sorprendente del alegato antivacunas de la nueva consejera no es su contenido incendiario —ya conocido de antemano y, por tanto, previsible—, sino la falta de una respuesta firme por parte del titular de Salud, Juan José Pedreño. A Pedreño no se le tiene que olvidar que, en tanto que responsable de la Consejería de Salud, no solo desempeña un cargo político; es asimismo el principal representante sanitario de la Región de Murcia. ¿Qué legitimidad tiene él para exigir responsabilidad y civismo a los ciudadanos cuando su compañera de Consejo de Gobierno está comportándose irresponsable e incívicamente mediante declaraciones que desincentivan la vacunación? ¿Se puede mantener silencio ante una actitud como la de Mabel Campuzano, que ha recibido las críticas unánimes de la comunidad científica y sanitaria regional? ¿Qué pensaría Pedreño de estas mismas declaraciones si, en lugar de estar al frente de la Consejería de Salud, estuviera ejerciendo como médico en su centro de salud? Su silencio es intolerable por dos razones: 1) otorga prioridad a los torticeros intereses políticos de su jefe por encima de los criterios sanitarios y esto, en un contexto de pandemia como el que vivimos, supone una traición de máximo alcance a su profesión y a la sociedad en general; 2) quien calla otorga —de manera que, por omisión, Pedreño se convierte en cómplice del discurso de los antivacunas—. La estrategia de desentenderse de las declaraciones de Campuzano, como si se tratase de una isla dentro del Consejo de Gobierno, no valen en ninguna situación, pero menos ahora. Tener a una antivacunas sentada en la mesa del Consejo de Gobierno mancha al resto del gabinete. Y, ante esto, solo cabe una respuesta: denunciar la naturaleza paranoica de su discurso. De ser así, y ante el reconocimiento que esto supondría del atentado contra la salud pública que conllevan las palabras de la consejera de Educación y Cultura, la única alternativa razonable sería cesarla. Pero, claro está, aquí 'salvar vidas y vacunar' no es lo verdaderamente prioritario. Lo único que interesa es mantenerse en el poder a toda costa.

La única política contra la pandemia que se ha desarrollado en la Región de Murcia ha sido culpar a los ciudadanos. Todo lo demás —campaña de vacunación incluida— ha constituido un sofisticado ejercicio de ineptitud. Si la sociedad se hubiera comportado en términos semejantes a los que lo está haciendo el gobierno regional, esto sería un caos. Ojalá pudiéramos decir: «Los ciudadanos estamos solos». Visto lo visto, la autogestión no es mala solución. Pero no: la sociedad no solo se tiene que preocupar de ser responsable de sus propios actos, sino, igualmente, de defenderse de los ataques de sus gestores, los cuales legitiman un discurso tan criminal como el de los antivacunas.